PSOE: letrados hicieron informes a la carta para que Gobierno entrara planta

El PSOE ha sostenido hoy que el bufete de abogados Ariño & Villar realizó en 2005 "informes a la carta" del Ente Público del Agua para poder firmar los contratos preparados antes con Hydromanagement y hacer la compra pública de las acciones de las empresas privadas de la desalinizadora de Escombreras.

En rueda de prensa, el diputado socialista en la Asamblea Regional de Murcia Jesús Navarro ha resumido la intervención por videoconferencia de José Luis Villar, Juan Miguel de la Cuétara y Mónica Sastre, abogados del bufete que pidieron que su comparecencia en la Comisión Especial de Investigación sobre la Desalinizadora de Escombreras fuera secreta.

Según el diputado, los letrados han "desmontado" la versión dada por los exdirigentes regionales de que la entrada del Ejecutivo murciano en la planta se hizo sobre la base de los "prestigiosos" informes de Ariño.

En este sentido, ha explicado que los abogados recibieron del Ente Público del Agua (EPA) la instrucción de que "había que cerrar la operación cuanto antes" y firmar los contratos "sí o sí" con la opción escogida, que era Hydromanagement.

Para ello, el gerente del EPA, Amalio Garrido, explicó a los letrados del bufete privado que había "mucha urgencia" para que redactaran los "informes genéricos y a la carta", por lo que Ariño & Villar tenían "poca capacidad de influir en los contratos que les habían puesto encima de la mesa", ha apostillado Navarro.

Navarro también ha criticado que el informe jurídico de este bufete sobre la validez legal de las autorizaciones de disponibilidad de agua del EPA, que permitía firmar convenios con 26 municipios, se redactó sobre el borrador de la ley de Aguas antes de que se aprobara el texto definitivo.

También, que la documentación que tiene este despacho sobre el anteproyecto no se correspondió con el proyecto final de la planta.

Finalmente, ha anunciado que el PSOE pedirá al resto de grupos que comparezcan en la comisión de investigación los protagonistas de los vídeos en los que, según ha anunciado en ella minutos antes el abogado Diego de Ramón, se ven más pagos irregulares por parte de los proveedores a las empresas de la desalinizadora para poder cobrar los servicios prestados.

Por su parte, el diputado de Podemos Antonio Urbina ha lamentado que el Gobierno de Murcia no haya llegado a un acuerdo para aminorar las condiciones del arrendamiento de la planta o comprarla a precio de coste, cuando Hydromanagement ofreció esa posibilidad desde 2010.

A juicio de Urbina, la decena de bancos que son acreedores del préstamo avalado por el Gobierno regional para pagar la construcción de la planta, que todavía está pendiente de pago, puede ser la razón por la que no se ha alcanzado una entente con Hydromanagement, empresa del grupo ACS.

El diputado de la formación morada ha pedido al Ejecutivo que para hacer viable la planta aproveche las revelaciones de los comparecientes en la comisión para "apretar y ser fuertes" en la negociación con las empresas que la arriendan y explotan.

Desde la presidencia de la Comisión, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha destacado que De Ramón entregó a la Fiscalía un tercio de los 15.000 folios de la instrucción judicial del caso, en el que se pueden haber cometido, en su opinión, delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Además, ha resaltado que De Ramón ha revelado que la planta estaba incluida dentro de una "trama piramidal" que debía dar soporte legal a la recalificación de 180 millones de metros cuadrados de terreno y a la construcción de 800.000 viviendas.

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Víctor Martínez, ha considerado que la comparecencia de este abogado que ejerce la acusación particular en el caso de la desalinizadora es el "culmen del circo máximo", puesto que su único objetivo era acusar al expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel.

Asimismo, Martínez ha acusado a la oposición de permitir que De Ramón lanzara "falsas acusaciones" en una comisión cuyo objetivo no es determinar las posibles responsabilidades penales, sino "solucionar un problema que tiene la región de Murcia, que es la desaladora de Escombreras".

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