DGA duda que su propuesta de reforma PAC tenga efecto en 2017 pero sí en 2020

El director general de Producción Agraria, José María Salamero, ha mostrado sus dudas acerca de que la propuesta de reforma de la PAC que ha hecho el departamento de Desarrollo Rural de Aragón pueda implantarse en 2017, pero sí en 2020, para lo que es necesario, ha dicho, empezar a trabajar ya.

El Gobierno de Aragón, ha dicho Salamero en una comparecencia ante las Cortes para presentar esta propuesta de reforma elaborada por el ejecutivo, ha redactado este documento para intentar modificar una PAC que es "injusta" y "poco eficaz social, económica y medioambientalmente", ya que no consigue una mejora real de la renta agraria.

Pero ha recordado que el ministerio que debe defender la reforma de la PAC ante Bruselas está en funciones, y que "pocas cosas" ha planteado con este objetivo y que ni siquiera se ha debatido en la conferencia sectorial, ha lamentado.

Para 2017 es "difícil" que se acepte una propuesta de reforma como la que ha elaborado Aragón, pero Salamero confía en que sea posible para 2020. "Si queremos hacer algo profundo en 2020, hay que empezar ya" y ser valientes.

En este sentido, ha dicho que la propuesta, que ya presentó el consejero Joaquín Olona a la ministra Isabel Tejerina, también ha sido dada a conocer a las organizaciones agrarias de Aragón, y que éstas la han hecho llegar a sus órganos nacionales.

La actual PAC, ha relatado, discrimina a los agricultores que "más sufren", puesto que el 23 % de sus beneficiarios, los que tienen una renta agraria de entre 6.000 y 25.000 euros y que supone de media un 47 % de sus rentas totales, son los que menos ayuda reciben.

Por el contrario, casi tres cuartos de los perceptores de la PAC tienen una renta agraria de menos de 6.000 euros -es decir, tienen escasa dependencia de la actividad-, y aún así perciben un tercio de todas las ayudas.

La política vigente, ha agregado Salamero, dificulta la incorporación de jóvenes agricultores, perjudica a la ganadería extensiva, a las zonas de montaña y a los agricultores profesionales, además de tener una gestión "tediosa".

Las claves de la propuesta de reforma que ha hecho el Gobierno de Aragón, ha añadido, son que se mantenga la actual asignación por comunidades; que se eliminen los derechos históricos y el pago por superficie; se que establezca una compensación de renta en función de la actividad agraria real, y que se incluya a "todos" los agricultores en esta compensación.

Por parte de los grupos parlamentarios, Ramón Celma (PP) ha considerado que esta es una "propuesta imaginaria", un "órdago", puesto que Aragón no puede hacer el cambio sola, y ha considerado que lo único realista sería plantear "alguna modificación" para 2017.

Nacho Escartín (Podemos) ha coincidido en que la PAC necesita una revisión profunda para 2020, pero también ha dicho que se requieren medidas a tomar ya en 2017, como destinar las ayudas a los agricultores en activo; hacer una lista negativa de quienes no deberían percibirla (entre ellos aeropuertos, inmobiliarias o cotos de caza); primar en el pago las primeras 30 hectáreas, o limitar el cobro a partir de 60.000 euros de renta agraria.

Por el PAR, Lucía Guillén ha considerado que lograr un acuerdo al respecto en el seno de la UE es "algo difícil", pero también ha reclamado "medidas de transición" adecuadas al pasar de un sistema a otro y actuaciones "urgentes" que palíen ya las desigualdades detectadas en el campo aragonés.

.