La Junta pagará en dos semanas indemnización por daños causados por el lobo

La Junta de Castilla y León agilizará el pago de las indemnizaciones por daños causados por el lobo a la ganadería en la zona de protección, tanto por daño real como por lucro cesante, para que no supere el mes y se pueda abonar en dos semanas, frente a los ocho meses que pasan en la actualidad.

Esta es una de las novedades del decreto que regula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, que sustituye al vigente desde 2008, y que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, según ha detallado la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, en rueda de prensa.

El decreto clarifica que el río Duero es la línea divisoria que diferencia el estatus jurídico de la especie, cinegética al norte y estrictamente protegida al sur, conforme dispone la directiva europea pero intenta a la par proteger a los ganaderos y prevenir y minimizar los daños, de forma que esa preservación del lobo "no la sufran los ganaderos" de la Comunidad.

Con este nuevo plan, la Junta hará efectivo en los próximos días un seguro suscrito a su cargo que servirá para indemnizar el pago de los daños causados a la ganadería en la zona de protección de una forma ágil, tanto por el daño real como por el lucro cesante.

El documento aprobado hoy considera que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable, que ha aumentado su población en la última década, y que el principal problema para su conservación es la conflictividad que genera por los daños producidos a la ganadería extensiva.

En el Plan se analiza la evolución de la población, que según el último censo 2012-2014 se compone en Castilla y León de 179 manadas -el 60 % de las existentes en toda España-, 30 más de las contabilizadas en el último censo regional de 2001, consideradas todas como una única población biológica que se ha extendido desde el norte de la Comunidad a las zonas del sur del río Duero.

Sobre la especie no existe amenaza previsible que ponga en peligro su supervivencia, salvo las derivadas de la conflictividad por los daños a la ganadería.

Por ello, según la referencia del Consejo de Gobierno, se considera que el estado de conservación de la especie en la Comunidad es favorable, llegando incluso a expandirse a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y esporádicamente en La Rioja y en el País Vasco.

La finalidad del Plan es seguir manteniendo la población en un estado de conservación favorable, buscando la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional y favorecer que la especie se convierta en un elemento dinamizador de desarrollo rural.

En esa línea, las principales acciones propuestas del plan se centran en lograr la compatibilización con la ganadería extensiva, en primer lugar a través de la aplicación de medidas preventivas que logren evitar los daños, y en segundo lugar, con la aplicación de otra serie de actuaciones para compensar adecuadamente los daños si llegan a producirse.

Con la participación de expertos y buscando el máximo consenso con las organizaciones agrarias, la Junta establecerá además, ha precisado Valdeón, un Catálogo de Buenas Prácticas Ganaderas en las zonas loberas, en el que se indicarán las medidas de custodia y prevención de daños a la ganadería, cuya puesta en práctica contará con líneas de ayuda de la administración regional.

Si a pesar de las medidas tomadas el daño persiste, el plan contempla la posibilidad de realizar medidas de control sobre la población en el marco de la normativa nacional y europea que contempla esta posibilidad tanto al norte como al sur del Duero.

Dado que la población al norte del Duero es cinegética, establece también las pautas para la realización de este aprovechamiento sostenible de la especie, con cupos de caza para el conjunto de la comarca correspondiente que, con carácter general no superará el 10 % de la población, pudiendo llegar al 18 % en aquellas situaciones con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería.

Al sur del Duero, donde el lobo no tiene la consideración de especie cinegética sino de estricta protección, la Administración podrá autorizar de forma excepcional acciones de control, a realizar bien directamente o mediante la participación de otro personal debidamente autorizado.EFE

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