Embargan concesión del puerto deportivo de Raos por deuda de 7,5 millones

La Agencia Tributaria ha embargado, a petición de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), la concesión administrativa del puerto deportivo de Raos a la empresa Marina de Santander S.A., por una deuda que asciende a más de 7,5 millones de euros.

Este embargo afecta a la "concesión matriz" de ese espacio, es decir a Marina de Santander, pero no a los propietarios de los tres edificios de viviendas (unas cien familias) y diversos negocios que hay también en ese puerto deportivo, según señala en un comunicado el Puerto, que ostenta la propiedad de esa zona.

Por ello, la Autoridad Portuaria ha precisado que se van a respetar "siempre los derechos de los titulares derivados de la concesión".

En su comunicado, el Puerto añade que esa deuda "no es solidaria", insiste en que es "exclusiva" de la empresa, y explica que el siguiente trámite es valorar los derechos de la concesión que ostenta Marina de Santander hasta 2027, y subastarlos.

Sin embargo, ha puntualizado que los derechos que se deriven de la concesión inicial serán "respetados" hasta su extinción, en el caso de que alguien los adquiera en la subasta o porque sea adjudicado el pago a la propia Autoridad Portuaria hasta 2027.

Y reitera que los titulares de derechos derivados de la concesión -propietarios de las viviendas y negocios del puerto deportivo- "no tendrán" que pagar la deuda ni a Hacienda ni a la Autoridad Portuaria.

El Puerto asegura que se ha buscado la "mejor solución" para garantizar los derechos que pudiesen tener esos titulares.

También explica que se ha estudiado declarar la caducidad de la concesión administrativa por impago, pero indica que en ese caso esos titulares "sí que perderían los derechos, de manera adelantada" y solo podrían reclamar a Marina de Santander.

Esos titulares de viviendas han expresado, en declaraciones a Efe, su "temor" y "miedo" porque se llegue a ejecutar el embargo y puedan "llegar a perder su casa".

Una de esas vecinas Eulalia García ha destacado que se enteraron el pasado 20 de abril de la existencia de una anotación de embargo por valor de 6,2 millones de euros en su vivienda y ha indicado que, tras contactar con otros titulares, éstos también descubrieron su existencia.

García ha señalado que son unos 1.400 los afectados, entre titulares de las viviendas de los tres edificios, atraques y negocios.

Esta vecina ha manifestado que le "tranquiliza en parte" conocer que el Puerto ha señalado que estos titulares no tendrán que hacer frente a ese embargo, pero ha indicado que la orden sigue y "se puede ejecutar en cualquier momento".

Por ello, no descarta que se constituya una plataforma de afectados para "defenderse" de "algo que no va contra ellos, pero sí contra la empresa", y añade que, "lo antes posible", convocarán una junta de propietarios de los tres edificios de viviendas.

Fuentes de la empresa concesionaria, Marina de Santander, han indicado a Efe que el origen de la deuda está en que pagaba un canon de 3.000 euros al año, que, desde 2006, a través de las tasas portuarias, se incrementó hasta casi un millón de euros.

Las mismas fuentes aseguran que todos los titulares del puerto deportivo, por "acuerdo unánime", decidieron recurrir esas tasas, por lo que consideran que el embargo afecta "a todos".

A fecha de hoy, Marina de Santander está a la espera de una resolución judicial ante el recurso que presentaron o un acuerdo con la administración que emite estas tasas, en el que "se respeten" los términos de la concesión, que esta empresa asegura que ha hecho de ese espacio un "gran puerto" y ha dado cabida a "múltiples" empresas del sector.

Las fuentes consultadas han añadido que Marina de Santander "no tiene deudas con nadie" y "no debe nada, salvo las tasas portuarias".

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