Funcionarios de prisiones de Cantabria acudirán a la manifestación de Madrid

Cerca de un centenar de empleados de prisiones de Cantabria participarán mañana martes, 11 de diciembre, en la manifestación convocada en Madrid por la Plataforma de Prisiones en Huelga (CSIF, Acaip, UGT, CCOO y CIG) para reclamar una mejora de las condiciones económicas y laborales del colectivo.

La marcha finalizará en el Ministerio del Interior tras recorrer las sedes de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, en donde los empleados de prisiones entregarán una proposición para que estos partidos presenten un escrito conjunto en el Congreso de los Diputados con el objetivo de atender sus reivindicaciones.

Según indica Acaip en un comunicado, la idea de la marcha es dar a conocer a la sociedad "una visión global del trabajo que desarrollan los funcionarios de prisiones, así como los problemas endémicos que adolece el colectivo y que lo ha abocado a la primera huelga de prisiones de su historia".

La plataforma sindical denuncia la necesidad de abordar una negociación "real" tras la propuesta rechazada en septiembre por Instituciones Penitenciarias bajo el argumento de "restricción presupuestaria".

El planteamiento suponía un incremento retributivo de 123 millones euros para la plantilla durante el periodo 2019-2021.

Los sindicatos convocantes de la manifestación consideran que el Ministerio del Interior comete una "grave irresponsabilidad" al negar una mejora laboral y económica del colectivo de trabajadores penitenciarios.

Un hecho que lo tildan como "provocación y una falta de respeto", porque demuestra que "no se tiene ninguna intención ni interés en resolver un conflicto en un escenario que mantiene actualmente a los centros penitenciarios con unas reducciones de plantilla alarmantes".

Asimismo, denuncian que los funcionarios de prisiones siguen sufriendo a día de hoy "más de una agresión diaria y continúan sin ser reconocidos agentes de la autoridad".

A juicio de Acaip, el Gobierno de España debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuación del salario de los empleados a las "reales cargas de trabajo".

Y reconocer que "sin personal suficiente" la administración penitenciaria "no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda".

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