Un documental de sindicato de controladores niega que causaran conflicto 2010

El sindicato de controladores aéreos USCA ha elaborado un documental que niega que estos profesionales fueran los culpables de que el Gobierno tuviera que decretar el cierre del espacio aéreo durante el Puente de la Constitución de 2010, un conflicto que generó una gran polémica ciudadana.

En rueda de prensa, la cúpula del sindicato, encabezada por su presidente, Pedro Gragera, ha presentado hoy este documental, de 33 minutos de duración, con el que USCA trata de mostrar "otra voz" respecto a aquellos hechos, al margen de la versión "oficial" dada por el Gobierno.

El entonces ministro de Fomento, José Blanco, acusó a los controladores de ausentarse masivamente de sus puestos de trabajo el 3 de diciembre y esa misma noche el Gobierno firmó el traspaso del control aéreo a los militares.

El documental, titulado "Controladores aéreos 2010: La huelga que nunca fue", pretende rebatir la versión dada entonces por el Gobierno, según la cual la falta de personal provocó el traspaso del control aéreo a Defensa.

Para ello, el documental muestra extractos de autos judiciales que exculpan a los controladores de aquellos hechos que llevaron a decretar el cierre del espacio aéreo.

Así, el magistrado José Antonio Vázquez Taín, del juzgado de instrucción 2 de Santiago, sostiene que en el momento que se acordó cerrar el espacio aéreo, en el aeropuerto de Santiago había "más servicio" de personal "que en épocas de agosto", cuando el tráfico es "mucho más elevado".

"No hubo una actuación conjunta y concertada (por parte de los controladores) (...) Sostener la existencia de una actuación única y conjunta de todos ellos resulta, a la vista de los elementos de convicción aportados (...), una conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio", asegura un auto de octubre de 2014 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respecto a estos hechos.

El documental asegura que "casi 500 controladores resultaron imputados o investigados por el presunto abandono de sus puestos de trabajo" entonces, y el abogado de USCA, Diego Salmerón, ha asegurado que una veintena de juzgados de instrucción de toda España han archivado las acciones penales contra los controladores.

Salmerón ha precisado que aún siguen abiertas causas judiciales en Madrid y Palma, y ha lamentado las sanciones impuestas por Enaire, entidad encargada de la navegación civil aérea y de los aeropuertos civiles en España, a 61 controladores aéreos del centro de control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010, "a pesar de haber concluido el proceso penal".

Los representantes de USCA también han asegurado que los 800 controladores programados para trabajar los días del conflicto fueron a trabajar, y que apenas hubo un 3 o 4 % de personal de baja.

Otro de los testimonios que aparece en el documental es el exdiputado de IU Gaspar Llamazares, que acusa a Fomento de haber adoptado una "escalada autoritaria" ante este conflicto laboral.

La portavoz de USCA, Susana Romero, ha asegurado que el origen de todo este conflicto es que, al arrancar diciembre de 2010, Aena se encontró con que los controladores habían agotado el cupo de horas previsto para todo el año, por lo que decidió que la "única salida" para cubrir el servicio hasta final de año pasaba por la "militarización" y por aquellas decisiones excepcionales.

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