El Gobierno chileno propone un ajuste salarial austero para altas autoridades

El Gobierno de Chile presentó hoy al Parlamento un proyecto que ajusta los salarios de las altas autoridades, incluido el del presidente Sebastián Piñera, en un 2,9 %, que supone 0,6 puntos menos que el 3,5 % propuesto para el sector público, informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto fue llevado este martes a la Cámara de Diputados para ser tramitado "con discusión inmediata", es decir, en el más breve tiempo posible.

El 2,9 % equivale, según los datos más recientes económicos, a la tasa con que cerrará probablemente la inflación de este año y la propuesta del Gobierno abarca, además del presidente, a ministros y subsecretarios.

También al presidente de la de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de Cortes, el fiscal de la Corte Suprema y el Contralor General de la República".

Por extensión deberán también ajustarse en la misma proporción los sueldos de diversas autoridades cuya remuneración, por ley, debe ser similar a la de los ministros, entre ellos los diputados y senadores, jueces del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo para la Transparencia y el fiscal nacional entre otros.

El sueldo bruto del presidente de Chile alcanza a unos 9,6 millones de pesos mensuales (unos 12.453 euros al cambio actual) y el de los ministros a unos 8,3 millones de pesos (10.765 euros), en ambos casos los descuentos legales alcanzan a poco más de dos millones de pesos (unos 2.594 euros).

En el caso de los parlamentarios, no obstante, se deben sumar a sus ingresos una serie de "asignaciones" correspondientes a un dinero destinado a asesorías externas, personal de apoyo e incluso para la gasolina de sus automóviles.

Las cuantiosas dietas que reciben los congresistas son motivo de una controversia permanente, que esta semana se agudizó al conocerse que también reciben un bono mensual de 193.000 pesos (unos 250,3 euros) para el mantenimiento de sus automóviles particulares, en circunstancias de que el Estado les proporciona uno con todos los gastos pagados.

El aumento del 3,5 % a los empleados públicos, fruto de duras negociaciones, se tramita en el marco del malestar y movilizaciones de los sindicatos del sector, que han denunciado más de 2.000 despidos desde marzo pasado, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera asumió sus funciones.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desdramatizó ayer lunes el asunto, afirmando que los despidos "son normales" en el primer año de todos los gobiernos.