El Fiscal rechaza que Borrell declare por las indemnizaciones de Abengoa

La Fiscalía ha considerado hoy que "no es pertinente" que el exministro Josep Borrell declare como investigado en el caso sobre las indemnizaciones a la cúpula de Abengoa, y ha rechazado ampliar la querella al expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por falsear las cuentas.

En un escrito remitido a la jueza instructora Carmen Lamela, el fiscal José Perals considera que no es necesaria la declaración del exministro de Obras Públicas como investigado (lo que antes se conocía como imputado), que había pedido la acusación particular, al "no precisar más motivos para ello".

El pasado 29 de enero, Lamela ya rechazó una petición de los querellantes sobre la comparecencia de Borrell, que estos reiteraron días después.

Además, la Fiscalía cree que no procede ampliar la querella contra Benjumea y Sánchez Ortega por un delito relativo al mercado y los consumidores y otro de falsedad de cuentas anuales, ya que "la petición se fundamenta únicamente en artículos periodísticos" y no en las diligencias realizadas en la causa.

En este sentido, afirma que estos delitos no tienen "ninguna conexión" con el hecho investigado, las indemnizaciones millonarias recibidas por ambos exdirectivos tras su salida de Abengoa, por lo que su investigación conjunta "no tiene justificación".

La acusación particular de los dos bonistas de Abengoa que interpusieron la querella consideraba en su petición que Benjumea y Sánchez conocían que la situación de la sociedad era "crítica" y que "las cuentas no reflejaban la realidad de la misma porque ellos mismos falsearon los estados contables".

Sin embargo, la Fiscalía no ve indicios para investigar estos hechos que "no tienen ninguna relación" con el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de Benjumea y Sáncez, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.

Abengoa presentó el pasado 5 de noviembre el preconcurso, que podría ahberse convertido en la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

Pero hace pocos días la empresa ha sentado las bases de su salvación, con un acuerdo que dejará el 95 % de la empresa en manos de los acreedores, fundamentalmente fondos tenedores de bonos, tras una fuerte inyección de capital de hasta 1.800 millones de euros.