IU insta a la DGA a despejar las dudas que rodean al proyecto "Mina-Muga"

Izquierda Unida ha reiterado sus peticiones al Gobierno de Aragón para que informe sobre los permisos de investigación a Geoalcali en relación con el proyecto "Mina-Muga", sobre el que la Plataforma Unitaria en contra de las Minas de Potasa de la Val D'Onsella y Sierra del Perdón plantea serias dudas.

La portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, solicitó información a la DGA el pasado febrero, pero en la respuesta el Ejecutivo se limita a indicar que "la documentación solicitada no obra en poder del Gobierno Autónomo", informan fuentes de la formación en una nota de prensa.

El proyecto, que está en tramitación en este momento en Madrid, incluye permisos de investigación concedidos por la administración autonómica de Aragón (Muga 3500-10), de Navarra (Goyo 35.780) y estatal (Fronterizo; 3502) e incluye terrenos sin permiso de investigación previa de los que se solicita permiso de explotación directa tanto en Aragón como en Navarra.

En opinión de Luquin "existen dudas" sobre la existencia de una incorrección administrativa en la concesión de los permisos de investigación en terrenos de carácter "franco y registrable" que podrían producir reclamaciones a la administración por parte de la empresa y que "requieren ser tenidas en consideración".

La ley de minas establece para el caso de las reservas del Estado que, una vez realizada la renuncia a las mismas y tras evaluación de los informes preceptivos, se puedan declarar los terrenos francos.

Sin embargo, el carácter de registrable sólo se obtiene tras quedar desierto el concurso público y debe publicitarse en los boletines oficiales avisando de su celebración y conclusión.

Sin embargo, según la parlamentaria de IU, la empresa Geoalcali "no tiene permiso de investigación concedido para realizar actividades en "Goyo Sur" o "Muga Sur", puesto que no existe publicación en Boletín de dicha concesión en este momento".

Luquin ha solicitado al Gobierno la documentación en la que se amparó el Ejecutivo autonómico para otorgar los permisos de investigación a Geoalcali si no tenía constancia de que dichos terrenos fueran francos y registrables.

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