Reactivación nuclear y recelos conviven en Japón 5 años después de Fukushima

El temor y el rechazo a lo nuclear siguen muy presentes en Japón cinco años después de Fukushima pese a la insistencia del Gobierno en reabrir centrales, una medida que considera clave para reavivar el empuje de la tercera economía mundial.

Las últimas encuestas relacionadas con la reapertura de plantas revelaban que el 55,3 por ciento de los japoneses rechaza la medida por miedo a que se repita otra tragedia como la que originaron el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, y que sólo el 36,9 por ciento la apoya.

Un sondeo realizado este mismo mes por la agencia Kyodo muestra que dos tercios de las administraciones locales japonesas quieren que el país reduzca en el futuro su dependencia energética de las nucleares (de hecho, un 21 por ciento apuesta directamente por el apagón atómico).

Del lado del Gobierno del primer ministro Shinzo Abe, cuyo plan pasa por hacer que Japón genere un 20-22 por ciento de su electricidad a partir de la fisión nuclear para 2030, parecen estar ahora mismo solo aquellas localidades que acogen las plantas y cuya economía depende casi por completo del funcionamiento de las mismas.

Aunque ese porcentaje al que aspira el Ejecutivo queda aún lejos, dos reactores están operativos después de un apagón de dos años y de que el regulador -que fue disuelto en 2012 y refundado por su nefasto papel en la crisis de Fukushima- estableciera criterios de seguridad más estrictos y considerara que ambos los cumplimentan.

Son el 1 y 2 de la central de Sendai (suroeste del país) que empezaron a funcionar entre las protestas de activistas y habitantes de la región los pasados 11 de agosto y 15 de octubre.

Mucho más polémico ha resultado el caso de la central de Takahama, la que mejor viene encarnando el fuerte rechazo que desata en Japón el retorno a la generación atómica y las trabas que están encontrando el Gobierno y las eléctricas para acometer sus planes.

La planta se sitúa en la prefectura de Fukui (oeste), considerada el "motor nuclear" del país, ya que es la que más reactores -11- alberga de los 43 que hay en condiciones operativas en Japón.

Tras lograr el visto bueno del regulador y de un juzgado local que inicialmente prohibió su puesta en marcha por dudar de sus sistemas de prevención ante desastres, la empresa operadora de Takahama reactivó los reactores 3 y 4 el 29 de enero y el 26 de febrero de este año.

Sin embargo, la unidad número 4, que había registrado una fuga de refrigerante apenas una semana antes de su encendido, entró en parada automática por culpa de una sobretensión eléctrica apenas tres días después de ser puesta en marcha.

Mientras este reactor permanecía detenido a la espera de determinarse la causa del fallo, otro tribunal atendió el 9 de marzo la demanda de un grupo de particulares -que consideran que el funcionamiento de Takahama pone en peligro a toda la región colindante- y ordenó la detención inmediata del reactor restante.

La parada de la planta por orden judicial ha reavivado aún más el debate nuclear en el archipiélago, mientras el Gobierno central insiste en defender su política y el criterio del regulador, que considera que ha diseñado el "sistema de seguridad atómica más estricto del mundo".

El Ejecutivo del primer ministro Shinzo Abe, refrendado ampliamente en las urnas en 2014, subraya que si Japón pretende dar un importante empujón a su economía, puede y debe volver a confiar en las nucleares.

El apagón nuclear tras Fukushima ha obligado al país, que carece de recursos energéticos y que obtenía un tercio de su electricidad de la fisión atómica, a incrementar enormemente la importación de hidrocarburos.

Esto aún lastra su balanza comercial, porque incluso con la caída de los precios de las materias primas el déficit japonés para todo 2016 fue de unos 5.200 millones de euros, con 9.280 millones de euros -casi el 20 por ciento de sus importaciones- destinados a la compra de combustibles de origen mineral.

La tesis es apoyada por las eléctricas regionales, que pierden decenas de millones al día por mantener sus reactores apagados y tener que usar costosas plantas termoeléctricas para compensar el parón nuclear y que además encaran un entorno mucho más competitivo a partir de abril, cuando se rematará la liberalización del sector.