Anulada en Francia la prohibición a Uber de dar la localización de sus coches

El Consejo de Estado de Francia anuló una disposición legal que impedía a la empresa Uber informar de la localización exacta y de la disponibilidad de sus coches a potenciales clientes que quieran reservar sus servicios, un revés para los taxis.

En un comunicado publicado hoy, el Consejo de Estado justificó la invalidación de esa prohibición, que estaba incluida en el decreto de aplicación de la ley de octubre de 2014 sobre el transporte de personas, por considerar que en su procedimiento de adopción se infringió la normativa europea.

En concreto, una directiva europea de junio de 1998 establece que cualquier Estado miembro que pretenda imponer una regla de ese tipo que afecta a los servicios de la sociedad de la información debe comunicarlo previamente a la Comisión Europea, algo que no se hizo.

Uber había recurrido ante la más alta instancia de contenciosos administrativos en Francia contra la norma que impedía a sus clientes saber si hay un coche de la plataforma disponible en las proximidades del lugar donde se encuentran para realizar con él un trayecto.

El Gobierno francés había impuesto esa restricción a las empresas de coches con chófer (VTC) como Uber para garantizar, en particular, que los taxis conservaran el monopolio de circular por la ciudad a la búsqueda de clientes.

El Consejo de Estado rechazó, sin embargo, otros argumentos de Uber, que pretendía que también infringían la misma directiva europea otros aspectos de la normativa, como la creación de un registro nacional sobre la disponibilidad y la geo-localización de los taxis, puesto que eso no tiene carácter obligatorio.

Igualmente estimó que no es discriminatorio el hecho de que la ley fije un régimen diferente para los taxis y los VTC, desde el momento en que el Consejo Constitucional había dictaminado que eso no contradice la Carta Magna.

El Consejo de Estado anuló, por otra parte, las disposiciones del decreto de aplicación que estaban asociadas a un elemento de la ley de octubre de 2014 que fue invalidado por el Consejo Constitucional referido a la obligación de que los VTC fijen de antemano el precio de un servicio.

En la práctica, se suprime todo lo que impedía a los competidores directos de los taxis a establecer como éstos sus tarifas en función del tiempo y de la distancia del trayecto.

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