La Eurocámara respalda abaratar los servicios en puertos marítimos de la UE

La Eurocámara respaldó hoy un proyecto de ley para impulsar la eficiencia y abaratar los servicios ofrecidos en los puertos marítimos de la Unión Europea (UE) como amarre, remolque y carga de combustible.

Los eurodiputados consideran que introducir más transparencia en la fijación de tarifas para esos servicios y por el uso de las infraestructuras portuarias, así como en las subvenciones recibidas por los puertos, contribuirá a evitar abusos de precios y distorsiones del mercado.

Recalcan, no obstante, que los modelos de gestión vigentes podrán mantenerse siempre que respeten unas exigencias mínimas.

La propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) planteaba el libre acceso al mercado como el principio general en el suministro de servicios portuarios, pero el Parlamento Europeo (PE) insiste en que un "modelo único no es apropiado, dada la diversidad de sistemas de organización en los puertos de la UE".

La Eurocámara introdujo enmiendas en la legislación para garantizar que los esquemas vigentes de gestión establecidos a nivel nacional podrán ser mantenidos en el futuro.

"Hemos suprimido la obligación de dar acceso libre al mercado de servicios portuarios. Especialmente por cuestiones de seguridad, los puertos deben poder decidir cómo organizan su modelo de servicios", señaló el ponente del texto, el socialdemócrata Knut Fleckenstein.

"Por primera vez en el curso de largas discusiones sobre el paquete portuario, contamos con el apoyo de los puertos, los operadores de las terminales y los sindicatos", agregó.

Los eurodiputados plantean establecer reglas comunes para los Estados miembros y los gestores de los puertos que desean limitar el número de suministradores de servicios, permitiéndoles fijar requisitos mínimos o convertirse ellos mismos en "operadores internos".

Estas mínimas exigencias para los suministradores de servicios deberán limitarse a demostrar una cualificación profesional, pero los operadores también tendrán que cumplir la normativa de seguridad y medioambiental y respetar los estándares sociales nacionales.

La lista de "casos justificados" en los que la libertad de ofrecer servicios portuarios puede restringirse deberá incluir "la escasez de zonas de ribera", las características del tráfico portuario y la necesidad de garantizar la realización de "unas operaciones portuarias seguras, fiables o sostenibles desde el punto de vista medioambiental", según el texto aprobado por el pleno.

Los fondos públicos deben figurar de manera transparente en las cuentas de los puertos, y deberá mantenerse una contabilidad separada para las actividades o inversiones financiadas con dinero público, advierten los eurodiputados.

Para evitar abusos de precios a falta de mecanismos de mercado, son necesarias disposiciones para garantizar que las tarifas "no son desproporcionadas" en relación con el valor económico de los servicios ofrecidos y que se fijan de manera transparente y no discriminatoria, subrayan los eurodiputados.

Los cargos por el uso de las infraestructuras deben establecerse de acuerdo con la estrategia comercial y de inversión del propio puerto, agregan.

Los Estados miembros deberán designar uno o más organismos independientes para la gestión de las quejas, en virtud de una enmienda introducida en el Parlamento.

El proyecto legislativo no afectará a la aplicación de la normativa social y laboral de los Estados miembros.

Las condiciones laborales deben respetar los estándares nacionales, regionales o locales vigentes y las autoridades nacionales tendrán que garantizar que los trabajadores de los puertos reciben la formación adecuada, agregan los eurodiputados.

Los eurodiputados aprobaron enmiendas al proyecto de reglamento y dieron un mandato a los negociadores del Parlamento para iniciar conversaciones con el Consejo sobre la formulación final de la legislación.

Los eurodiputados españoles del PP están en contra del informe del PE al considerarla perjudicial para España.