Equo pide la demolición de la regasificadora del puerto de Gijón

Equo Asturias ha pedido hoy la demolición de la regasificadora del puerto gijonés de El Musel tras ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, una instalación que nació sin "ninguna utilidad" y ha supuesto un "dispendio" de 380 millones de euros.

"No hay ninguna justificación para que se mantenga en pie", ha dicho en rueda de prensa el abogado de Equo, José Antonio Ballesteros, formación en la que están integrados los Verdes de Asturias, quienes iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora.

Ballesteros ha subrayado que, además del derribo de la planta, Enagás debe devolver los 130 millones de euros que han supuesto, entra otras cuestiones, los gastos de mantenimiento de la infraestructura y que han repercutido en los últimos años en el "bolsillo" de los ciudadanos.

El abogado ha asegurado que tanto esta empresa como el Gobierno del Principado, que piden que se inicie el proceso para la legalización de la regasificadora, están mostrando una actitud "antisocial" en contra de los intereses públicos.

En su opinión, en el momento de su construcción ya se sabía que iba a ser una obra "inútil" y "se trató de justificar como uno de los proyectos megalomaníacos" del expresidente asturiano, Vicente Álvarez Areces.

Ballesteros ha explicado que la sentencia de Tribunal Supremo que declara que la planta se construyó vulnerando la ley sólo entra en el aspecto relativo a la distancia límite a la que debe situarse, mientras que hay otros muchos más obstáculos para que se mantenga en pie, al ser contraria al planeamiento urbanístico y haberse llevado a cabo "sin función".

El coportavoz de Equo Asturias, Ignacio González, ha denunciado que es "sangrante" haber cobrado "en los recibos" de los asturianos hasta 130 millones para la gestión del mantenimiento de la obra.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que para una inversión tan elevada de 380 millones la puesta en marcha de la regasificadora sólo habría supuesto la creación de 30 empleos.

"Se me ocurren inversiones más productivas", ha remarcado en su comparecencia, en la que también ha estado presente un miembro de Ecologistas en Acción y perito judicial de la causa, Francisco Ramos.

El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Madrid, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora del puerto gijonés debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.

.