PSPV y Compromís apartan a cargos relacionados con la trama Imelsa
La operación Taula no terminó con las veinticuatro detenciones practicadas el pasado 26 de enero. Los investigadores han puesto en[…]
La operación Taula no terminó con las veinticuatro detenciones practicadas el pasado 26 de enero. Los investigadores han puesto en el punto de mira a dirigentes del PSPV, Compromís y Esquerra Unida. La contratación ireegular de personal y el amaño de contratos en obras y servicios públicos de la Diputación de Valencia son los posibles delitos que se tratan de esclarecer.
El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado la suspensión cautelar de militancia de los cargos socialistas investigados y la retirada de sus cargos orgánicos. Compromís ha tomado la misma medida.
Tanto Puig como la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, han recalcado que confían la inocencia de sus compañeros de partido y no saben los motivos por los que han sido citados por la Guardia Civil.
Al respecto, sostiene que «no es lo mismo robar que cometer errores administrativos en las contrataciones».
La trama destapada por la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que instruye el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia ya suma ochenta investigados por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.
El origen de la causa se centra en Imelsa, una empresa pública de la Diputación de Valencia. Los investigadores tienen acreditado que se amañaron contratos a cambio de comisiones millonarias. Las grabaciones del exgerente de la firma Marcos Benavent destaparon una «organización criminal» infiltrada en las Administraciones valencianas desde 2003, que ya se ha llevado por delante el PP de la ciudad de Valencia. En las grabaciones de Benavent aparecen diputados que en aquellos años estaban en la oposición.
Hasta ahora, tanto los detenidos como los imputados eran miembros del PP, exconcejales, empresarios y asesores. Sin embargo, las pesquisas han avanzado y salpican de lleno a las formaciones de izquierdas que en la actualidad gobiernan la Diputación de Valencia (PSPV, Compromís y Esquerra Unida). Varios de sus integrantes, entre ellos dos vicepresidentes de la Corporación provincial, han sido citados en calidad de investigados por la UCO, lo que supone el paso previa antes de declarar ante el juez como imputados.
En las grabaciones de Benavent aparecen diputados que en aquellos años estaban en la oposición
El PSPV, Compromís y EU habían solicitado al PP que apartara a sus dirigentes imputados (nueve de los diez concejales en el Ayuntamiento de Valencia). .
La imputación de cargos de los partidos de izquierdas en la trama corrupta de la operación Taula ha dado una vuelta de tuerca al caso y ha dado aire al PP. Así, la presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, se ha dirigido al PSPV, Compromís y EUPV para pedirles que recuerden cuando suban a la tribuna que «quien esté libre de pecado tire la primera piedra» y «hoy, por lo menos, una pequeña piedra la tiren sobre ustedes y no sobre el grupo popular».
Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llamado a declarar como investigados a todo el Consejo de Administración de Imelsa, incluida la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez (Esquerra Unida), que denunció el caso y en la actualidad es vicepresidenta de la Diputación. La diputada de la formación de izquierdas, que había anunciado su voluntad de personarse en la causa, ha dicho que «no tiene sentido que me cite la Guardia Civil, yo soy la denunciante».
Emili Altur (Compromís)
Además de Pérez Garijo, que declarará el próximo martes, han sido citados, entre otros, el vicepresidente tercero, Emili Altur, de Compromís, que en su día presidió la comisión de investigación creada en la corporación y que sigue en el consejo de administración de Imelsa.
De acuerdo con fuentes de la investigación, su implicación en el caso estaría derivada de las adjudicaciones de contratos de obra civil. Altur es concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Burjassot.
José Manuel Orengo (PSPV)
El «número tres» de Ximo Puig en el PSPV, José Manuel Orengo, es otro de los dirigentes citados por la UCO en calidad de investigados. Fue alcalde del PSPV en Gandía y hasta el pasado lunes jefe de gabinete del presidente de la Corporación provincial. En la anterior legislatitura fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia. La UCO investiga si medió para situar a miembros de su partido en Imelsa.
Raúl Pardos (PSPV)
Del mismo modo, el exdiputado provincial socialista y alcalde de la localidad valenciana de Gestalgar Raul Pardos recibió ayer a mediodía la llamada de la Unidad del Crimen Organizado para que acudiera a declarar como investigado. Según publica este jueves Levante-EMV, la Guardia Civil también ha citado al vicepresidente segundo de la Diputación, Antonio Gaspar (PSPV-PSOE); y al dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira, además de sindicalistas de UGT y CCOO.
Antoni Gaspar ha asegurado a EFE que no ha recibido ninguna citación ni llamada por parte de la UCO y, en su cuenta personal de twitter ha resaltado que la Guardia Civil "no imputa, eso solo lo hace un juez, ellos en todo caso investigan".
