Díaz Ferrán pacta por segunda vez con la Fiscalía para rebajar su pena
El expresidente de la CEOE admite ahora que sí se apropió de 4,4 millones de euros de clientes de Marsans para que solo le pidan dos años de cárcel
Gerardo Díaz Ferrán dice estar «muy quemado» con todos los procesos judiciales que ha tenido que afrontar -lleva media docena entre penales y mercantiles por la quiebra fraudulenta de su antiguo emporio empresarial-, aunque eso no parece haber hecho mella en sus facultades mentales. Por eso ha vuelto a cambiar de guión en medio de un juicio para reconocer su culpa y, de esta forma, alcanzar por segunda vez un pacto con la Fiscalía para rebajar su posible pena. La primera fue en julio, al asumir una condena de cinco años y medio de cárcel por la pieza principal del 'caso Marsans'.
Esta vez se trata del proceso abierto sobre la apropiación indebida (de forma continuada) de fondos procedentes de los pagos que hacían los clientes de Viajes Marsans; en concreto, 4,4 millones de euros correspondientes a 4.706 personas que, para financiar sus vacaciones 'soñadas', realizaron aportaciones de entre 130 y 5.834 euros según los casos. El que fuera presidente de la CEOE -la gran patronal- comenzó la vista oral el pasado día 7 con energías renovadas, autoexculpándose de cualquier irregularidad en esas operaciones y arremetiendo contra el sector del transporte aéreo, del que vino a sugerir entre líneas algún tipo de supuesta conspiración en su contra.
«Ustedes se cargaron Viajes Marsans porque no les debíamos nada», espetó con tono airado al abogado de IATA (la asociación internacional del transporte aéreo), que ejerce la acusación particular en el juicio. «Lo hicieron -añadió- porque les dio la gana» y su actuación «fue bastante peor que torticera». La explicación de dicha organización es bien distinta. El 20 de abril de 2010 retiró a su empresa la licencia para vender billetes de avión, alegando impagos repetidos en las reservas ya realizadas, incluido un aval prestado meses antes para cubrir otros abonos pendientes de tiempo atrás. El problema es que eso dejó al grupo sin su gran fuente de ingresos y casi le dio el empujón final para terminar de caer en la quiebra, dos meses después, con un déficit patrimonial de 373 millones.
Ese tono vehemente de Díaz Ferrán, que acompañó con su ya manido recurso utilizado en otros juicios de afirmar que la gestión del día a día del emporio empresarial la llevaba su socio Gonzalo Pascual (fallecido en 2012), ha quedado atrás a la luz del escrito que presentó ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga. En él se 'olvida' de culpar a otros de los problemas de Marsans y admite su responsabilidad, tanto penal como civil para la devolución de los 4,4 millones referidos.
Solo «avala» las decisiones de otros
Matiza, eso sí, que lo hace a título de «avalista» de las decisiones que adoptó su socio y, por extensión, los administradores que tuvo Marsans mientras él fue uno de sus dueños. Un reconocimiento que la Fiscalía ha considerado suficiente para rebajar a la mitad su petición de penas inicial en este juicio, que queda ahora en dos años de cárcel y una multa de 10 euros diarios durante seis meses. El mismo criterio ha aplicado a Iván Losada, su sucesor en el grupo cuando se vaciaron los fondos bajo la batuta del liquidador de empresas Ángel de Cabo, para quien solicita esta vez solo un año porque «no tenía capacidad real de gestión».
Las palabras del polémico empresario, sin embargo, no han convencido a las acusaciones, ni a las que ejercen varios grupos de clientes ni a la de IATA. Todas ellas mantienen su solicitud inicial de cuatro años de cárcel por «desviar para fines ajenos a la actividad del grupo», dejando así impagadas las nominas y las facturas pendientes de distintos proveedores, los fondos que captaban con la venta normal de billetes.
En cualquier caso, Díaz Ferrán volvió a su tono quejoso al tomar la última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia. Insistió ante el tribunal una vez más en que él no decidía «qué pagar o qué no» porque «no conocía los contratos».
En prisión desde diciembre de 2012, el expresidente de la CEOE solo ha dejado la cárcel madrileña de Soto del Real desde entonces para comparecer en los juzgados. Acumula condenas por siete años y nueve meses de prisión y su patrimonio, ya embargado, está valorado por la justicia en casi 88 millones de euros.
