Abengoa: Los bonistas piden un 25% para inyectar otros 100 millones

Abengoa se aproxima a otro final de mes de infarto en el que debe hacer frente a los pagos más inminentes, como las nóminas de sus trabajadores. Para poder sortear esta situación, los grandes inversores con deuda de la compañía -bonistas como BlackRock, AIG e Invesco, entre otras-están dispuestos a financiar los 100 millones que precisa la empresa, pero lo harían a través de un préstamo con un interés inicial del 15% más otro adicional del 10% a vencimiento.

La banca acreedora -integrada en el G7-, que estaría dispuesta a compartir con estos deudores las garantías de la filial estadounidense Yield para materializar la operación, se muestra contraria a que Abengoa asuma esos intereses, según indican fuentes cercanas a la negociación. Les parece «excesivo», sobre todo si se compara con las condiciones en las que aportaron un capital similar a finales de diciembre para que la corporación también hiciera frente a sus pagos.

Mientras tanto, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado el embargo de las propiedades y cuentas bancarias del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, para avalar sus fianzas civiles de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente.

En el caso de Benjumea, la medida ha afectado a varias viviendas, vehículos y un ciclomotor. Además, la magistrada solicita a varias entidades que bloqueen los saldos de los que dispone en diversas cuentas bancarias. Por su parte, el que fuera consejero delegado ha visto embargados una finca y un coche, así como el bloqueo de una cuenta bancaria.

La juez recuerda en sus autos la prohibición de disponer de estos bienes, tras haber rechazado las pólizas de dos aseguradoras como garantía de pago, al esgrimir la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual «la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir en el asegurado».

Además, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa estudia ampliar su actual querella, presentada contra Benjumea y Sánchez Ortega por las indemnizaciones percibidas tras la marcha de la compañía, a los que son actuales integrantes del consejo de administración y a los de su comisión de Nombramientos y Retribuciones «como cooperadores necesarios del mismo presunto delito», según anticiparon este miércoles sus abogados.