Economía sale al paso, ¡por fin!, de las mentiras de Rumasa
Hace bien el Ministerio de Economía en salir al paso y señalar que el Estado no le debe nada a José María Ruiz Mateos a propósito de una pendiente indemnización por la intervención de Rumasa. Probablemente, si hubiera actuado antes con la misma diligencia, algunos ahorradores habrían conservado su dinero sin perderlo en el saco roto de Rumasa.
Entre otras cosas, porque el Ministerio de Economía tenía muchos más datos que el resto de los ciudadanos sobre la verdadera situación de las empresas de Ruiz Mateos. No pagaba a Hacienda -¿de dónde pensará Ruiz Mateos que el Estado puede pagar las indemnizaciones?-, ni tampoco a la Seguridad Social. Y, a pesar de contar con toda esa información, Economía no dio muestras de sensibilidad para evitar el atropello del que han sido objeto algunos centenares de ahorradores e inversores. ¿Se lo buscaron ellos por falta de cultura financiera? Da igual, si el Ministerio de Economía tenía datos que hacían prever este final, debió actuar. Podía hacerlo, como se demostró.
El Gobierno tardó mucho en reformar las normas que permitieron a Nueva Rumasa emitir pagarés sin necesidad de pasar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin avales, sin garantías y con la sola promesa de llevar a cabo una inversión que luego se ha descubierto que era mentira. Cuando quiso, el Ministerio cambió las normas y Nueva Rumasa dejó de emitir pagarés y tuvo más dificultades para captar dinero.¿Había alguna duda de lo que iba a ocurrir? ¿No teníamos suficientes antecedentes de la forma de actuar de Ruiz Mateos?
El Ministerio de Economía no reaccionó ni tomó el relevo a la CNMV cuando ésta, en dos de sus comunicados, señaló que se estaba conculcando la Ley de Sociedades Anónimas. Nadie en el Ministerio de Economía se dio por enterado. Ni hubo reacción ni actuación a la espera de lo que parecía inevitable: la entrada en concurso de acreedores de, prácticamente, todas las empresas del imperio Ruiz Mateos.
El Ministerio de Economía -y también el organismo regulador- tienen la obligación de salir al paso de cualquier información con la que se falte a la verdad y se pretenda confundir a los ciudadanos, especialmente si se hiciera con ánimo de captar sus recursos económicos. Nunca entendí la actitud pasiva que el Ministerio de Elena Salgado adoptó en este asunto. Lo malo es que para muchos ahorradores e inversores, no vale aquello de "nunca es tarde...
