La dífícil gestión de los sospechosos de blanqueo de capitales

Con el «caso Rato» rebotando de juzgado en juzgado, como la «falsa moneda», pocos datos invitan a una resolución decente de la investigación de los 715 casos sospechosos de blanqueo de capitales detectados por la Agencia Tributaria entre los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy. El único caso filtrado hasta ahora, el del exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar y exdirector del FMI, Rodrigo Rato, se puede eternizar, porque nadie quiere hacerse cargo de esa causa que está provocando, después de la alerta social creada, una nueva decepción entre los ciudadanos, que no entienden la lentitud con que se manejan estos hechos vinculados con delitos de considerable gravedad y la rapidez con la que se despachan otros, por ejemplo, los relacionados con el juez Elpidio José Silva, que fue quitado de la circulación de un día para otro. 

Pero la situación se puede complicar todavía más si en el transcurso de la investigación que está llevando a cabo el Sepblac, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, detectan operaciones sospechosas en algunas entidades financieras. El director de la Agencia Tributaria ya ha anunciado que todos los datos que conoce son «la repera, la repera patatera». ¿Qué hará entonces el Banco de España? Sus dos últimas intervenciones, en Bankia y Banco Madrid, han dejado claro que el supervisor del sistema bancario español tiene un problema: sufre una preocupante crisis interna, una auténtica guerra fratricida, que muestra su peor cara cuando el banco central tiene que hacer frente a situaciones como las comentadas, porque son aprovechadas para ajustar cuentas entre ellos. Así se ha visto en la polémica originada por el informe de los peritos del Banco de España sobre la salida a Bolsa de Bankia y en la intervención de mala gana, sin ningún cariño, en Banco de Madrid. Un injustificable pasotismo que ha provocado lo último que se podía esperar, la desaparición de la entidad.

El Ministerio de Economía está obligado a poner orden de una vez en esa casa. No puede permitir que casos que mantienen en vilo a millones de españoles acaben convirtiéndose en auténticos sainetes.