CSIF exige a Vara estar en foros de dialogo social y subida de sueldos 2,25%

El presidente de CSIF de Extremadura, Benito Román, ha exigido hoy al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que[…]

El presidente de CSIF de Extremadura, Benito Román, ha exigido hoy al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que su sindicato sea convocado a todos los foros de diálogo social al representar a miles de trabajadores y que se aplique la subida a los funcionarios el 2,25% del sueldo acordado en la Mesa General de Negociación.

Así lo ha dicho Román en una rueda de prensa en Mérida en la que junto al presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, han dado conocer a hoja del ruta del sindicato para conseguir este año la mejora de las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos de la Administración General del Estado, de los de la Junta y de los de las administraciones locales.

Según Román, los resultados electorales de CSIF en Extremadura han sido "históricos" porque en el ámbito de gestión de la Junta, como son la sanidad, la educación y la Administración General regional, ha logrado en la Mesa General de Negociación el 42,9 por ciento de representatividad y tiene unos 12.000 afiliados.

Ha agregado que Fernández Vara se ha limitado a felicitarles por los buenos resultados electorales pero que sigue sin incluirles en los foros de diálogo social.

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Asimismo, sobre el sector privado CSIF es el sindicato más representativo en empresas como McDonald's, Liberbank, CajaAlmendralejo, Cortefiel e Iberitos, ha dicho.

Ha subrayado que los trabajadores quieren "un modelo de sindicato diferente" que solucione sus problemas, todo mediante el diálogo y la negociación, a lo que ha agregado que después de las últimas elecciones sindicales "tenemos una mayor fuerza".

Ante esto, ha exigido a Fernández Vara que no obvie "la voz" de miles de trabajadores y que CSIF esté presente en todos los foros de dialogo social.

Con respecto a 2019 Benito Román ha destacado que aunque aún no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni los de la Comunidad Autónoma (PGEx) se deben respetar los acuerdos con los sindicatos para, entre otras cuestiones, los empleados públicos recuperen sus derechos económicos y salariales, y sus sueldos suban un 2,5 por ciento, unos 420 euros al año.

Ha recordado que en los últimos años sus salarios de han reducido entre un 5 y un 10 por ciento.

Asimismo, ha continuado, es preciso reducir las altas tasas de temporalidad, un 20 por ciento en la sanidad, crear empleo "de calidad", luchar para que haya infraestructuras "dignas" como la ferroviaria y "desbloquear" la carrera profesional de los empleados públicos, sobre lo que ha añadido que esto debe hacerse en febrero.

Además, ha reclamado que haya un calendario de oposiciones "con seguridad jurídica" y que se reduzcan las altas tasas de paro.

Con respecto a la negociación de los PGEX, ha pedido a los partidos políticos que hagan "un esfuerzo" para que sean aprobados.

Por su parte, Miguel Borra ha coincidido con Benito Román en que no se debe esperar a que se cumpla el acuerdo con los sindicatos de subir el salario de los empleados públicos un el 2,5 por ciento ya que, ha reiterado en coincidencia con Román, desde 2010 ha bajado entre un 5 y un 10 por ciento.

También ha explicado que los tramos salariales deben revisarse en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), acelerar los procesos de estabilización del empleo en sectores como el sanitario y el educativo, y avanzar en la carrera profesional de los empleados públicos.

Por otro lado, que no se exija a los profesionales sanitarios que deban hablar catalán para trabajar en comunidades autónomas como Beleares ya que "la lengua no salva vidas", a lo que ha añadido que están "muy preocupados" por la posibilidad de que muchos sanitarios decidan abandonar Cataluña.

Asimismo, sobre la situación de la Seguridad Social, ha señalado que hay más cotizantes pero que se no incrementan los ingresos debido a la precariedad laboral y los bajos salarios, y muchos trabajadores "son pobres".

Por otra parte, acerca de la reducción de la jornada laboral a 35 horas a la semana en sectores públicos como la sanidad, la sanidad, la educación, la Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha señalado que se crearía empleo, y que se ahorraría en cuando a los salarios del personal de confianza "puesto a dedo" en las administraciones públicas.

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