Govern regula por primera vez las cláusulas sociales en contratación pública

La contratación pública en Baleares incluirá y regulará por primera vez cláusulas sociales para mejorar la calidad del empleo en la administración, entre ellas, la perspectiva de género, la contratación de colectivos vulnerables, y se exigirá transparencia fiscal a las empresas contratadas.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, han presentado hoy en rueda de prensa en el Consolat de Mar el acuerdo "Cláusulas sociales: calidad del empleo en la contratación pública".

"Es una iniciativa que es muy importante para el Govern y para los ciudadanos de Baleares, habrá un antes y un después en la contratación pública en esta administración autonómica", ha destacado Armengol.

Ha incidido en que Baleares será la primera comunidad autónoma en incluir aspectos de política social y laboral en la contratación pública, que obliga al Govern a reservar al menos un 3 % de su contratación a empresas de inserción, centros especiales de empleo, y programas de ocupación protegida.

La presidenta de las islas ha señalado que así como a la empresa privada se le está exigiendo un empleo de calidad y la lucha contra la precariedad laboral, en la contratación pública se debe actuar igual.

En este sentido, Armengol ha aprovechado para lanzar un mensaje a los empresarios de Baleares para que incrementen el salario a los trabajadores ante las buenas perspectivas de crecimiento económico gracias al turismo que vive las islas.

En el acuerdo de la cláusulas sociales, que se prevé aprobar este viernes en el Consell de Govern, y que ha supuesto "muchas horas de trabajo" de las conselleries de Trabajo, Servicios Sociales, Transparencia, Presidencia y Hacienda, se incluyen "criterios sostenibles, éticos, integradores, inteligentes y eficientes".

A la hora de contratar a las empresas que prestan servicios a la comunidad, se tendrá en cuenta la integración de la perspectiva de género, entre trabajadores y en cargos directivos, se valorará la contratación de jóvenes con déficits de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes.

Se valorará el coste salario hora por encima de los convenios sectoriales, el fomento de la calidad del empleo, el porcentaje de contratación indefinida y la formación continua.

Negueruela ha subrayado la importancia del acuerdo, ya que antes no estaba regulada la inclusión de estas cláusulas sociales en la contratación pública.

El acuerdo afectará a todas las contratas, que el conseller no ha llegado a cuantificar, pero ha explicado que ahora se valorarán los aspectos que optan por "un empleo de calidad, contratos estables, salarios dignos y el cumplimiento de los convenios colectivos".

Se trata de "un giro en la contratación que se venía haciendo hasta ahora y primar la calidad", ha incidido.

Además, el Govern potenciará la integración de los colectivos más vulnerables con la promoción de las empresas del tercer sector, y la contratación de personas con discapacidad física o psíquica.

La administración autonómica exigirá que las empresas contratadas tributen de acuerdo a la legislación sin que utilicen fórmulas como los paraísos fiscales.

"Esto es importante políticamente", ha apuntado Santiago, quien ha descrito que también se exigirá que si se contrata un producto, este haya sido elaborado bajo el respeto a las derechos humanos en los países de origen.

Las adjudicatarias ejecutarán el contrato respetando los derechos laborales, bajo un estricto cumplimiento de criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.

Deberán cumplir los acuerdos de los convenios colectivos sectoriales, pagar el salario "en tiempo y forma", mantener la misma plantilla, cumplir la ley en cuanto a contratación de personas con discapacidad, y la de igualdad.

Además, se creará una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, que estará conformada por el Govern, organizaciones sindicales y empresariales, y otras entidades.

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