Baleares, pionera en incluir política social y laboral en contratos públicos

La contratación pública en Baleares regulará por primera vez la inclusión de cláusulas sociales y laborales para mejorar la calidad del empleo en la Administración, lo que la convierte en pionera entre las comunidades autónomas en este sentido.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol; el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, han presentado hoy en rueda de prensa el acuerdo "Cláusulas sociales: calidad del empleo en la contratación pública".

"Es una iniciativa que es muy importante para el Govern y para los ciudadanos de Baleares, habrá un antes y un después en la contratación pública en esta administración autonómica", ha destacado Armengol.

En concreto, el acuerdo de la cláusulas sociales, que se prevé aprobar este viernes en el Consell de Govern, valorará a la hora de contratar a las empresas que prestan servicios a la comunidad que tengan en cuenta aspectos como la integración de la perspectiva de género, entre trabajadores y en cargos directivos.

Además, se valorará la contratación de jóvenes con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes.

El acuerdo obliga al Ejecutivo balear a reservar al menos un 3 % de su contratación a empresas de inserción, centros especiales de empleo, y programas de ocupación protegida.

Se valorará el coste salario hora por encima de los convenios sectoriales, el fomento de la calidad del empleo, el porcentaje de contratación indefinida y la formación continua.

Además, el Govern balear potenciará la integración de los colectivos más vulnerables con la promoción de las empresas del tercer sector, y la contratación de personas con discapacidad física o psíquica.

La administración autonómica exigirá que las empresas contratadas tributen de acuerdo a la legislación sin que se utilicen fórmulas como los paraísos fiscales, y que se priorice el comercio justo.

Las adjudicatarias ejecutarán el contrato respetando los derechos laborales, bajo un estricto cumplimiento de criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.

Además, deberán cumplir los acuerdos de los convenios colectivos sectoriales, pagar el salario "en tiempo y forma", mantener la misma plantilla, cumplir la ley en cuanto a contratación de personas con discapacidad, y la de igualdad.

El acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, que estará conformada por el Govern balear, organizaciones sindicales y empresariales, y otras entidades.