Las Cortes aprueban pedir al Ministerio de Justicia que financie el SERLA

Las Cortes han aprobado hoy con el voto favorable de los grupos PP, PSOE, Ciudadanos y Mixto y la abstención de Podemos pedir al Ministerio de Justicia la financiación o parte de ella del sistema de resolución de conflictos laborales individuales puesto en marcha por el SERLA.

El encargado de defender esta proposición en la sesión plenaria de esta mañana ha sido el procurador del PP Raúl de la Hoz, quien ha argumentado que, ya que este sistema de resolución de conflictos tiene previsto ahorrar 70 millones de euros anuales en la Administración de Justicia, lo lógico es que "ayuden a financiarlo".

Este Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León asumió en septiembre de 2015 la labor de lidiar en los conflictos individuales que no tuvieran carácter económico, además de sus ya competencias en la resolución de los conflictos colectivos.

Algunos grupos parlamentarios, pero en especial el grupo Podemos, han manifestado en reiteradas ocasiones y también en el día de hoy, que esta nueva adquisición de competencias por parte del SERLA entraría en conflicto con las asumidas por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), ejercicio por trabajadores públicos.

Por ello, la procuradora del grupo parlamentario Podemos Adela Pascual, ha justificado la abstención de su grupo en el hecho de que esta nueva adquisición de competencias por parte del SERLA pone en "peligro" los puestos de trabajo de los funcionarios, a la vez que ha clamado que no tiene "muy claro" de donde saca la Junta el "supuesto ahorro de 70 millones de euros".

Ante estas críticas, el procurador del PP ha respondido que esta estimación de ahorro se ha calculado mediante la comparación de datos con otras Comunidades Autónomas, como Aragón, y se ha mostrado contundente al afirmar que "ningún funcionario perderá su puesto de trabajo".

Al mismo tiempo, los otros grupos parlamentarios, como Ciudadanos, han defendido las bondades de este sistema de resolución de conflictos, que ha evitado llevar a juicio el 43 por ciento de los conflictos individuales que llegaron a sus oficinas y que son lidiados por los agentes sociales.

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