CCOO alerta del aumento de agresiones graves a trabajadores de prisiones

El secretario general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, ha alertado hoy del incremento de agresiones a trabajadores en las cárceles españolas, que ha relacionado con la falta de un protocolo de prevención y la merma de las plantillas.

Aunque ha reconocido que no hay datos oficiales de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias de 2015 y 2016, ha afirmado que en 2012 se registraron 348 agresiones que requirieron atención médica y al año siguiente 467, lo que supone un 80 por ciento más

Aún sin datos oficiales, considera que las agresiones graves siguen en aumento y solo en Castilla y León se registraron 38 el año pasado.

En rueda de prensa, ha explicado que, aunque la comisión de interior del Congreso de los Diputados acordó hace año y medio por unanimidad elaborar un protocolo para reducir las agresiones a trabajadores de prisiones, en este momento solo se ha presentado un borrador que los sindicatos no aceptan.

"En el borrador se pretende responsabilizar a los propios trabajadores por no aplicar las órdenes, cuando muchas son de imposible cumplimiento por las reducciones de plantilla", ha asegurado Moreno.

Ha puesto como ejemplo de esas mermas de plantillas a las ocho cárceles de Castilla y León, donde hay un 13 por ciento menos de trabajadores de lo que la propia administración considera plantillas completas.

Aún más grave es el caso de la prisión de Burgos, donde esa falta de plantilla alcanza el 16 por ciento.

Además, el 41 por ciento en Castilla y León y el 65 por ciento en Burgos tienen más de 55 años, cuando a los 57 se pasa a actividades administrativas.

El representante de Comisiones Obreras teme que la escasez de plantillas y los problemas que conlleva se traduzcan en un mal funcionamiento que el Gobierno pretenda utilizar para privatizar la vigilancia interior en las prisiones, como ya ha ocurrido con la exterior.

Ha puesto como ejemplo Soria, donde hay una nueva cárcel que costó cien millones de euros y está cerrada, por lo que se están gastando en su vigilancia 2,1 millones que cobra una empresa privada, cuando por ese dinero se podría dotar del personal público para que comenzara a funcionar, "algo que es necesario".

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