Acusados por estafa en seguros señalan al apoderado en España, ya fallecido

Los acusados de la presunta estafa de la reaseguradora Merrion han negado hoy haberse apropiado del dinero de las 171 empresas españolas a las que servían de garantía y han apuntado como responsable al apoderado de la compañía en España, ya fallecido, cuya "moralidad" han cuestionado.

Así lo ha relatado ante la Audiencia Nacional el administrador François Verkaeren, que se habría confiado de la "buena relación con Alberto Cerdans", fallecido el pasado septiembre, hasta 2002, fecha en la que abandonó su cargo tras detectar "muchas mentiras".

En la misma línea se ha manifestado el también acusado Dominique Testu, que ha indicado que cuando se dio cuenta de que Cerdans "no llevaba todos los pagos" a las cuentas habilitadas, utilizó "otras vías" para garantizar que el dinero llegaba a su destino.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Verkaeren ha explicado que trabajó como "cualquier reasegurador" a través de otras empresas del sector con el fin de consolidar su presencia en mercados internacionales, principalmente en España.

El fiscal José Perals sospecha que los acusados se servían de empresas "instrumentales" para incurrir en un delito de estafa continuada que habría afectado a más de 170 empresas, bancos y organismos públicos, y por la que ahora reclama penas de hasta ocho años de cárcel.

Según Fiscalía, entre 1999 y 2003, suscribieron con 541 beneficiarios, al menos, 821 actos de garantía, pólizas, seguros y vales, por un importe superior a 250 millones de euros; a ellos suma los 501 particulares que realizaron aportaciones para la adquisición de viviendas.

Al respecto, Verkaeren ha dicho que "nunca" quiso firmar el contrato con la Comercializadora Peninsular de Viviendas, sociedad que realizó una compra ficticia de terrenos en la zona de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo (Madrid), ya que dicho mercado "no era su negocio" e incluía a clientes particulares.

Ello supuso la "ruptura" con Cerdans, ha indicado a la sección primera de la sala de lo Penal, y ha dicho que, tras conocer el contenido del sumario, comprobó que "no eran operaciones normales" sino que venían marcadas por la "moralidad" de quienes "llevaban todos los negocios" en Barcelona.

Testu ha insistido en que sólo supo que Merrion no podía operar en España una vez iniciada la causa y se ha desmarcado de cualquier responsabilidad en la captación de clientes ya que eran "Cerdans y su red de producción" los encargados de esta tarea.

Idéntico discurso el del gestor Román Arranz, que ha explicado que Cerdans le propuso ser apoderado de la sociedad en España "como cosa simbólica, aunque el simbolismo a veces juega malas pasadas", en alusión a su situación procesal.

También han declarado como acusados el director general de Merrion Gestion, Ricardo Cerdá, y Manuel Prado, quien se enfrenta a la petición de condena más baja -tres años y medio de prisión- por haber acordado presuntamente actos de garantía para "dar credibilidad" a los contratos de alquiler de vehículos entre su sociedad y Renault Retail Group.

Durante la exposición de las cuestiones previas, la sala ha ratificado la suspensión del juicio contra uno de los presuntos garantes, el italiano Roberto Cavallaro, por motivos de salud.

Una decisión contra la que han protestado algunas defensas, que consideran que el procedimiento, iniciado en 2002, ha quedado vacío de pruebas tras la desaparición tanto de Cerdans, "supuestamente al frente de la organización", como de Cavallaro.