La nueva ley de autónomos tendrá un impacto de 1.000 millones para las arcas públicas

 La nueva ley de autónomos, aprobada la semana pasada en el Congreso, tendrá un coste de 1.000 millones de euros para las arcas públicas. Así lo admitió este miércoles el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, quien explicó que sólo la generalización de la tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones sociales durante un año para aquellos trabajadores por cuenta propia que se den de alta por primera vez tendrá un impacto de unos 600 millones. Una cuantía que con la nueva normativa corre a cargo de los Presupuestos.

A esta cantidad hay que sumar otras bonificaciones para este colectivo, como por ejemplo las deducciones de los costes de manutención de hasta 26,67 euros diarios siempre que se hagan de forma electrónica. La ley también amplía las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia.

Todos estos beneficios fiscales, que se implantarán de forma progresiva, elevarán la factura de la normativa para el Estado. Por ese motivo, Nadal explicó durante su intervención en unas jornadas organizadas por la APD y Deloitte, que el aumento del techo de gasto de 2018 en 1.500 millones (1,3% más) da margen para cubrir estas necesidades.

Sin embargo, el secretario de Estado reconoció que no se ha recuperado el ajuste de 5.000 millones realizado el año anterior a pesar de que la regla de gasto les permitía una subida de hasta el 2,4% que no utilizaron para «no comprometer la reducción de déficit».

Nadal afirmó que si las previsiones se cumplen España rebajará el desfase entre ingresos y gastos por debajo del 3% en 2018, lo que le permitirá salir del programa de déficit excesivo de la UE. «En 2018 empezaremos a respirar», señaló. Ese mayor margen permitirá que los próximos Presupuestos puedan recoger una «mejora del salario de los empleados públicos» o la posibilidad de bajar los impuestos. En este sentido, el secretario de Estado ha recordado que es posible «relajar la imposición» en áreas que pueden «relanzar» la economía. De hecho, resaltó que el Gobierno está negociando con Ciudadanos y otros grupos una disminución tributaria «con la única restricción de que sea compatible con el objetivo de consolidación fiscal».

Por otra parte, Nadal explicó que aunque España ha recuperado el PIB previo a la crisis diez años después, todavía no se ha conseguido lo mismo en el empleo. En este sentido, destacó que España tiene un paro estructural «muy elevado» producto la dificultad para encontrar un trabajo de algunos colectivos. Para tratar de solucionarlo defendió la necesidad de «reducir la diferencia entre salario bruto y neto». Es decir, disminuir las cotizaciones sociales para incentivar la contratación de estos empleados, como ocurre con los parados de larga duración.