Rato declara mañana por supuesto fraude en la facturación de conferencias

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara mañana ante el juez que investiga el origen de su patrimonio por las supuestas irregularidades en el cobro de sus servicios profesionales a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC).

Será la primera vez, en dos años, que comparezca en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, después de que en septiembre de 2016 defendiera la contratación de su excuñado Santiago Alarcó y su secretaria personal, Teresa Arellano, durante su presidencia en Bankia en una pieza cuyo archivo fue ratificado el pasado octubre.

A pesar de que inicialmente también se pretendía conocer su versión sobre el presunto blanqueo que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el recurso del exministro ante la Audiencia Provincial de Madrid, aún sin resolver, ha limitado el objeto de la declaración a su actividad con BCC.

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención televisada que destapó el caso, el Instituto Armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el "complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales".

Entre las operaciones que proponía analizar se encontraba la impartición de conferencias en diversos países, por las cuales el exvicepresidente del Gobierno "recibiría importantes cantidades de dinero".

Para gestionar esta actividad, proseguía el documento contenido en el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, ambos citados para este jueves.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando registró el mayor volumen.

El propio exministro, en su declaración ante la Guardia Civil, reconoció haber contratado los servicios de Díez, "al cual conocía desde hacía tiempo", probablemente para "temas de comunicación".

Más detallada fue su primera comparecencia ante el juez, al que aseguró que fue Díez quien contactó con él para representarle, y que gestionó su participación en conferencias entre 2007 y 2014.

A raíz de tales acusaciones, el magistrado acordó la apertura de diligencias en mayo de 2016, una decisión revocada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló dicha medida al no ser "de recibo una motivación 'por remisión' a un atestado policial".

Sin embargo, las pesquisas se retomaban poco después, tras el recurso del Ministerio Público, que recordaba que estas presuntas irregularidades ya figuraban en su denuncia inicial y explicaba que aún cabía pedir responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros.

Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

La sala percibió entonces indicios de que los datos utilizados para la liquidación del impuesto se declararon "mal o torticeramente" mediante una "actuación de ocultación de la realidad", lo que, de demostrarse, está castigado con entre uno y cinco años de cárcel.