Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que reformará el artículo 29 de la LTALD para que sean los bancos y no los clientes quienes paguen estos impuestos. El presidente del Gobierno confió que esto no se traslade a los clientes, gracias a la enorme competencia que hay entre las entidades bancarias. Sin embargo, no opinan lo mismos expertos inmobiliarios y financieros.
Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, afirma que "no parece muy razonable que el presidente del Gobierno se meta a enmendar decisiones judiciales. Aún así, cualquier medida encaminada a aumentar la seguridad jurídica es una buena noticia para el sector inmobiliario y en este caso, en el que la ley resultaba confusa, resulta muy positivo que se aclaren las "normas del juego". De todos modos, desde idealista no creemos que sea una buena noticia para los consumidores, que seguirán pagando el impuesto de forma indirecta a través de las muy probables subidas en los diferenciales, a lo que habría que sumar un sobrecoste que aplicará la banca por la gestión del mismo. En este sentido, y al ser un impuesto transferido a las comunidades autónomas y cuya aplicación no es homogénea, provocará que los ciudadanos tengan diferentes condiciones hipotecarias en función de la comunidad en la que residan, ya que el importe que deberá pagar la banca será distinto en cada caso".
De la misma opinión es Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto. El anuncio del Supremo el pasado 18 de octubre, que sí daba la razón al cliente, provocó que varias entidades insinuaran que este cambio de criterio provocaría que subieran el interés que cobran por sus hipotecas. Con este movimiento, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad: es decir, por pequeña que fuera la subida en los diferenciales, el gasto extra que esto supondría para el consumidor hubiera neutralizado e, incluso, habría aumentado el coste que el consumidor hubiera terminando pagando por su hipoteca", explica Estefanía González.
Partiendo de las ofertas que actualmente comercializan las entidades y tomando como referencia una hipoteca media en España, el gasto en intereses que asume el consumidor se sitúa en 14.756,51 euros. Si los diferenciales de esas ofertas hubieran aumentado en 0,10 puntos porcentuales, los intereses totales subirían hasta los 16.346,75 euros, es decir, 1.590,24 euros más de lo que se paga a día de hoy - esto supone un coste de 134,96 euros más que si se abonara el impuesto de AJD ( 9,27%)5.
Las consecuencias serían aún peores si la subida de los diferenciales fuese más pronunciada. Así, con una subida de 0,20 puntos, los intereses totales a pagar se habrían situado en 17.954,39 euros, lo que hubiera supuesto un desembolso extra de 3.197,88 euros respecto al actual: es decir, 1.742 euros más que si se abonara el impuesto de AJD ( 119,74%). Si el incremento hubiera llegado hasta los 0,50 puntos, los intereses totales habrían ascendido a 22.838,3 euros, lo que hubiera representado 8.081,79 euros más de lo que se paga actualmente: por tanto, se pagarían 6.626,51 euros más que abonando el impuesto de AJD ( 455,34%).
Esto ya lo han descontado las acciones de los bancos en bolsa. Ayer, tras el anuncio del presidente del Gobierno, los títulos de los bancos no trasladaban esta medida a sus cotizaciones y el Ibex prosiguía con subidas por encima del 10,5% hasta los 9.100 puntos.
Qué gastos sí se pueden reclamar a los bancos
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