Un jurado popular considera a Munar culpable de soborno sin atenuantes
El tribunal del jurado de la pieza separada del caso Can Domenge, juzgada esta semana, ha emitido este jueves un[…]
El tribunal del jurado de la pieza separada del caso Can Domenge, juzgada esta semana, ha emitido este jueves un veredicto de culpabilidad para la expresidenta del Consell de Mallorca y de la extinta Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, a quien considera responsable, sin atenuantes, de un delito de cohecho. Los otros cuatro acusados en esta causa también han sido considerados culpables de soborno.
La sentencia que se dictará en breve deberá determinar si la exlíder nacionalista sumará cuatro años más de prisión a los que está cumpliendo ya ahora. Cabe recordar que desde julio de 2013 Munar se encuentra en prisión cumpliendo dos condenas por corrupción, que suman un total de once años y medio de cárcel.
Uno de los hechos más llamativos de la vista oral celebrada el lunes y el martes en la Audiencia Provincial de Palma fue el gran deterioro físico actual de Munar, quien además se encuentra en tratamiento por depresión. En varios momentos de ambas jornadas pudo verse llorar o muy compungida a quien también fue en su momento presidenta del Parlamento autonómico.
A lo largo del juicio, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau había mantenido su acusación contra Munar por presunto cohecho. Al mismo tiempo, había confirmado su petición inicial de cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expolítica mallorquina. El Ministerio Público se ha ratificado este jueves en dicha petición tras conocer el veredicto del jurado. Según Carrau, Munar habría cobrado como mínimo dos millones de euros de los cuatro millones que Sacresa entregó en 2006 a tres altos cargos del Consell de Mallorca, incluida ella misma, para garantizar que sería la empresa ganadora del concurso convocado para la venta del solar de Can Domenge, ubicado en la capital balear.
Cabe recordar que la pieza principal del caso Can Domenge, ya juzgada años atrás, se centró en la adjudicación irregular del solar del mismo nombre. Can Domenge fue vendido por el Consell a Sacresa hace diez años por 30 millones de euros, cuando su coste estimado era en aquel momento de unos 60 millones.
Por lo que respecta a la pieza separada que se ha juzgado esta semana, se quería determinar en este caso si la propia Munar, el entonces vicepresidente del Consell Miquel Nadal y el entonces consejero insular de Territorio Bartomeu Vicens acordaron pedir cuatro millones de euros a Sacresa a cambio de garantizarle que sería la ganadora del citado concurso público. La idea originaria de la promotora era construir viviendas de lujo en Can Domenge, un proyecto que finalmente no se ejecutó.
En este juicio ha habido cinco encausados, los ya citados Munar, Nadal y Vicens, así como el dueño de Sacresa, Román Sanahuja, y el «transportista» del dinero y militante de UM, Miquel Llinàs. Con la excepción de la exlíder de UM, todos ellos habían reconocido ya en su momento que se produjo el citado soborno. Finalmente, Munar admitió el pasado lunes por vez primera, durante su declaración ante el tribunal, ese mismo hecho.
A preguntas del fiscal, Munar había señalado, entre lágrimas, que se encontraba muy arrepentida. «Perdón por todo lo que ha pasado», indicó. Con respecto a los citados cuatro millones, afirmó que no sabía cuánto de ese total cobró ella misma. El fiscal también le preguntó a la exlíder de UM de qué bienes dispone en estos momentos. Munar respondió que no tiene «absolutamente nada» y añadió que todos sus bienes han sido embargados. «Estoy muerta política, económica y socialmente», dijo.
Munar había entregado el lunes un escrito en el que reconocía que efectivamente percibió una parte del citado soborno, razón por la que había decidido entregar 150.000 euros para intentar reparar el daño causado. Su abogado, José Antonio Choclán, solicitaba por ello una condena de sólo seis meses y un millón de euros de multa para Munar, al considerar que se le debían aplicar en este caso las atenuantes de confesión, reparación parcial del daño y dilaciones indebidas.
Carrau rechazó el pasado martes dicha petición. Aun así, reconoció que «escuchando ayer a la señora Munar es muy difícil no sentirse emocionado o sensible ante la situación que sufre ahora, porque la cárcel es dura». En cualquier caso, el fiscal pidió a los miembros del jurado popular que no se sintieran intimidados por «el dolor que les puede transmitir una persona que está ahora en prisión, porque estamos hablando de un soborno de cuatro millones de euros, que es una cantidad de dinero difícil de asumir para cualquier ciudadano».
