Sánchez ordena la exhumación de Franco antes de final de año para «dignificar la democracia»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado este viernes iniciar el procedimiento urgente para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que pretende culminar antes de final de año. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley de Memoria Histórica, que será convalidada por el Congreso antes de 30 días. La familia tendrá 15 días de plazo para asumir los restos y, en caso de negarse o no contestar el requerimiento, será el propio Ejecutivo el que decida el lugar «digno y respetuoso» donde serán trasladados con el debido «decoro».

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que la salida del dictador del Valle de los Caídos, donde están enterradas víctimas de ambos bandos de la guerra civil, es necesaria para «dignificar la democracia» y se ha apoyado en los reiterados mandatos del Congreso de los Diputados, el último de ellos, a través de una propuesta socialista aprobada en mayo de 2017 sin oposición política.

La número dos del Ejecutivo ha criticado que PP y Ciudadanos pongan ahora objeciones «formales» a la exhumación, decretada por vía urgente. «Sobre la urgencia de la exhumación quien no quiera verlo no lo ve. Todo los demás son vueltas formales para parapetarse en sus últimas convicciones sobre el asunto. ¿Cuándo si no? ¿Cuándo en este país va a dejar de eterno los restos mortales del dictador para su enaltecimiento junto al resto de las víctimas?», ha afirmado Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Vamos tarde, Nosotros también. Pero este gobierno presidido por Pedro Sánchez ya no va a ir tarde», ha reconocido ante la pregunta de por qué el Gobierno de Sánchez acomete esta acción después de que los anteriores gabinetes socialistas la desestimaran por conflicto de competencia.

El Ejecutivo está convencido que, a pesar del rechazo de la familia Franco a mover los restos de su abuelo, la Iglesia -como custodio de la basílica- no se opondrá. «Nos vamos a mover donde se tiene que mover un Gobierno, en el respeto de los acuerdos con la Iglesia Católica, de los acuerdos con la Santa Sede», ha recalcado negando que la reforma de la ley de memoria histórica entre en colisión con estos. En todo caso, ha precisado que el Estado tiene «mecanismos» para hacer cumplir la ley.

Un año de caducidad

El decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros entrará en vigor 24 horas después de su publicación. El próximo viernes 31 el Gobierno acordará el procedimiento administrativo para iniciar la orden de exhumación, por el que se otorgan 15 dais de plazo a la familia para que se haga cargo de los restos. «La familia podrá ser escuchada», ha afirmado Calvo, que ha reconocido tener constancia de su oposición al traslado a través de los benedictinos de la basílica.

Si los Franco no se hacen cargo de los restos de Franco, será el Gobierno socialista el que decrete el lugar de inhumación, para lo cual podrá resignar el correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse el traslado, que se producirá con «decoro».

El Ejecutivo se ha dado un plazo máximo de un año para cumplir con todo el procedimiento, que ha despertado una gran expectación en el Palacio de La Moncloa, abarrotada de prensa nacional e internacional. El Gobierno defiende esta medida porque considera «completamente inasumible para una democracia madura» como la española que exista «un monumento al dictador» donde convive con sus víctimas.

El Ejecutivo no acometerá de momento el traslado de los restos del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, toda vez que él también fue «víctima» de la contienda, si bien no ha descartado recolocarle más adelante en un lugar no preeminente de la Basílica.

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