Palma pedirá a los enterradores saber catalán para poder trabajar
Los operarios ?enterradores? de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) del Ayuntamiento de Palma deberán acreditar a partir de ahora un[…]
Los operarios ?enterradores? de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) del Ayuntamiento de Palma deberán acreditar a partir de ahora un nivel A1 o elemental de catalán para poder formar parte de los bolsines de trabajo. En el caso del personal administrativo, el nivel de catalán exigido en la EFM será el C1 o avanzado. Así se acordó en un reciente consejo de administración de dicha empresa municipal.
En el presente mandato gobierna en el consistorio palmesano un tripartito conformado por el PSOE, la coalición ecosoberanista MÉS y Podemos. En los dos primeros años de esta legislatura el alcalde fue el socialista José Hila, quien en junio del pasado año fue relevado por el ecosoberanista de MÉS Antoni Noguera. La presidenta de la EFM es Antònia Martín, de Podemos. Por lo que respecta a los dos partidos de la oposición, el PP y Cs, han criticado con dureza las nuevas exigencias lingüísticas impulsadas en la Funeraria y han pedido que sean retiradas.
Cabe recordar que las actuales exigencias de catalán en Baleares se fundamentan en la vigente Ley de Función Pública, que establece el nivel de catalán que se podrá pedir tanto a empleados fijos como eventuales que trabajen en la Administración autonómica y en la local.
Orígenes normativos
La Ley de Función Pública fue aprobada en 2007 por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas. El sustituto de Matas, el socialista Francesc Antich, mantuvo dicha norma sin cambios durante el mandato 2007-2011. Antich sería relevado al frente del Ejecutivo por el popular José Ramón Bauzá, quien en 2012 optó por modificar parcialmente dicha ley. Con Bauzá, de manera genérica, el catalán dejó de ser un requisito para los futuros empleados públicos y pasó a ser sólo un mérito.
Ya en la presente legislatura, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos, aprobó derogar la reforma de Bauzá y volver con leves variantes al texto originario de la Ley de Función Pública, que es el que ahora está vigente. De la citada ley derivan dos decretos, uno en el marco de la Administración autonómica y otro en el marco de la Administración local.
En cualquier caso, la actual normativa prevé excepciones por lo que se refiere a la exigencia del conocimiento del catalán, que no han sido tenidas en cuenta en esta ocasión. Además, el equipo de gobierno tripartito de Palma ha modificado ahora las exigencias lingüísticas de la EFM sin haberlas consensuado previamente ni con los sindicatos ni con la oposición.
