Pablo Llarena ya vio riesgo de tumulto en un permiso de Jordi Sànchez

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena previsiblemente negará a Jordi Sànchez la posibilidad de asistir a un pleno de investidura con él como candidato así como a los debates en el Parlament durante la próxima legislatura. Aunque los derechos políticos de un imputado permanecen intactos hasta una inhabilitación por sentencia firme, no son absolutos, y pueden entrar en colisión con circunstancias como el hecho de que su desempeño suponga un riesgo, como el de reiteración delictiva. Resoluciones anteriores del magistrado acerca de los permisos penitenciarios solicitados por los hoy presos preventivos Oriol Junqueras, Joaquim Forn (ya no es diputado) y el propio Sànchez apuntan a que, en el caso de que el expresidente de la ANC pidiera permiso para acudir a ese debate de investidura, el juez rechazaría concedérselo.

El magistrado no solo declaró en su momento la «incapacidad legal prolongada» de los diputados electos -lo que abrió la puerta a la delegación del voto- sino que argumentó que «la finalidad constitucional que justificó la prisión» fue evitar la reiteración delictiva ante «la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas». Dejar a Sànchez en libertad para que pudiera ejercer la representación política anularía ese «aseguramiento cautelar» que se pretendía con su prisión.

Para Llarena, la reiteración delictiva subsiste, y «se visualiza tanto por un extendido apoyo social a los investigados que han huido» de la justicia, en clara alusión al expresidente Puigdemont, como a los propios presos. Permitir «unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario, en fechas y horas determinadas, con destino conocido», pueden «impulsar» o hacer «brotar» de nuevo un «grave enfrentamiento ciudadano».

De igual forma, el juez también rechazaría una hipotética toma de posesión telemática dada la situación de sujeción especial que comporta el régimen penitenciario que le afecta. En España sólo ha habido un precedente de un preso propuesto como candidato, en este caso a lendakari. Fue el 26 de febrero de 1987. La Audiencia de Pamplona permitió al etarra Juan Carlos Yoldi, candidato de Herri Batasuna, asistir al debate de investidura en contra del criterio de la Fiscalía. Finalmente fue elegido José Antonio Ardanza (PNV).

Más información

Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN.