Luces y sombras del informe Funcas sobre las pensiones

El profesor Zubiri publica en el número de febrero de Papeles de Economía Española, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, un informe que supone el espaldarazo a lo que desde esta misma tribuna venimos advirtiendo desde hace más de tres años: España se enfrenta al desafío de encontrarse en 2027 con un ejército de ancianos viviendo por debajo del umbral de pobreza. Hace ahora cuatro años, el que firma esta tribuna calculó que, si al retraso en la edad de jubilación se le añaden todas las medidas adicionales que indica la Ley 27/2011, cuando en 2027 surtan efecto todas ellas, el cotizante en el régimen general de la Seguridad Social, en media, verá mermada su pensión un 28 por ciento en comparación a la que hubiera tenido antes de la reforma. Todo ello, recordemos, consecuencia de: pasar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la base reguladora, retrasar la jubilación de los 65 a los 67 años y ampliar la escala de 35 a 37 años. Las estimaciones del catedrático Ignacio Zubiri llegan ahora a las mismas conclusiones.

El autor del informe pone el dedo en la llaga cuando asegura que, hasta ahora, existía el convencimiento colectivo de que cada trabajador tenía derecho cuando se jubilara a unas prestaciones similares a las que él está pagando hoy (con sus cotizaciones) a los jubilados actuales. Pero esto no volverá a ser así nunca más. Y pide cuentas a un Estado que ha obligado al trabajador a entrar en un sistema de pensiones por la fuerza sin ofrecer a cambio ninguna garantía de compensación. 

Como también hemos apuntado en estas líneas y recoge Zubiri, el viento a favor de la baja inflación de estos años ha hecho imperceptible la merma de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Pero, en la medida en que la situación económica mejore, se irá poniendo de manifiesto, con lo que podemos prever un futuro lleno de protestas que lleven, incluso, a derogar la ley que establece una subida mínima del 0,25 por ciento para el conjunto de las pensiones cuando la situación económica sea desfavorable y un incremento máximo del IPC más 0,5 puntos porcentuales para las épocas de bonanza.

Mis discrepancias con el profesor Zubiri vienen del hecho de contraponer lo que él denomina un modelo actuarial, actualmente en vigor, con un modelo social, al que considera que deberíamos ir. De su análisis se desprende que el actual sistema contributivo de reparto no es social, y que la futura reforma de las pensiones debería contemplar la financiación vía impuestos, un hecho que, en mi opinión, rompería de facto con la contributividad y con el carácter social que sí tiene. Porque las partidas a financiar vía impuestos son tantas, y las perspectivas de déficit del Estado tan exigentes por parte de Bruselas que, de ser financiadas con cargo a los presupuestos, terminarían siendo reducidas a la mínima expresión: serán pensiones asistenciales. Y esto no sacaría de la pobreza a la masa de jubilados que se vislumbra. 

El aumento de las cotizaciones de los trabajadores que proponen las cajas de ahorro para incrementar los ingresos del sistema supondría un empobrecimiento en términos reales y unos salarios ya de por sí ajustados. La otra opción que apuntan es el traslado a pensiones de parte de las cotizaciones que hoy se dedican a desempleo, y que yo descartaría mientras tengamos una tasa de paro juvenil del 46 por ciento.

Una resolución del Parlamento Europeo de 2013 recogió que la única forma de contar con unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles es complementar la pensión pública universal de reparto (primer pilar) con una pensión profesional (segundo pilar) y una pensión individual (tercer pilar). Llevamos años poniendo el foco en el primero de ellos. ¿A qué esperamos para abordar de una manera seria los otros dos?

* Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA.