La ONU acusa a Ankara de «graves violaciones» en la región kurda

Las fuerzas de seguridad turcas han cometido «graves violaciones» durante la acción contra los rebeldes kurdos desde el fin del alto el fuego en el verano de 2015, según ha denunciado la ONU, que exige una investigación urgente e independiente.

Unas 2.000 personas murieron entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía durante operaciones de las fuerzas de seguridad turcas, según el informe basado en cifras facilitadas por Ankara y ONG.

«Estas cifras han sido aportadas por el gobierno, y como no tenemos acceso a la región, no podemos verificar si son ciertas o no, es por eso que no las asumimos como propias, porque necesitan ser verificadas de forma independiente», explicó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Rupert Colville.

El informe denuncia que en las operaciones entre 355.000 y 500.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, la mayoría de origen kurdo, y más de treinta localidades han quedado totalmente destrozadas.

El documento habla de desapariciones forzadas masivas, incitación al odio, bloqueo de acceso a ayuda médica de emergencia, a comida, agua y cualquier tipo de asistencia de supervivencia, así como violencia sexual contra las mujeres.

«Estoy particularmente muy preocupado porque no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre el supuesto asesinato de cientos de personas, incluyendo mujeres y niños en un periodo de 13 meses, entre julio de 2015 y agosto de 2016», denuncia el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, según un comunicado.

«Sobre todo porque no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes», agrega.

Concretamente, el informe habla del caso de 189 personas en Cizre, incluidos niños, que estuvieron atrapados durante semanas sin los elementos básicos para sobrevivir, y que después murieron tras ser atacados con armamento pesado.

«La posterior demolición de los edificios destruyó evidencias y ha impedido que se pueda identificar los restos», precisa el texto.

«Las autoridades locales en lugar de abrir una investigación para determinar lo qué ocurrió y porqué se usó artillería pesada, acusó a las personas asesinadas de ser terroristas y llevó a cabo actos de represión contra sus familiares», agrega.

A pesar de las repetidas solicitudes de acceso a la región por parte del Alto Comisionado desde que la violencia comenzó en diciembre de 2015, el Gobierno turco se ha negado rotundamente a que se verifique de forma independiente lo que sucede en la zona.

Ante este bloqueo, los expertos han tenido que verificar la situación mediante imágenes de satélite que muestran vecindarios enteros totalmente arrasados.

El informe además expresa «su preocupación» por la política de expropiación de la tierra de las comunidades, legalizada con una decisión del Consejo de Ministros de marzo de 2016

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