La norma regional marca que la familia pida la exhumación

La regulación autonómica madrileña relativa a las exhumaciones de cadáveres deja al Gobierno de Madrid fuera de juego en relación con la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. «No tenemos ninguna competencia en la materia, aseguran fuentes del Ejecutivo madrileño, que se remiten al Reglamento de Sanidad Mortuoria. En él se recoge que la autorización para solicitar la exhumación debe solicitarla la familia. Pero también distingue entre lo que es un cadáver y lo que son restos cadavéricos, con distintos tratamientos normativos para cada uno de ellos.

Cuando arrecia la polémica en torno a la oportunidad y la urgencia de desenterrar a Franco, como es intención del Gobierno Central, las autoridades regionales madrileñas señalan que no tienen ninguna competencia en este asunto, por las particulares condiciones que se dan en el caso. Se remiten en sus argumentos a lo que señala para este particular la legislación autonómica en vigor.

Con partida de defunción

El decreto por el que se aprobó el Reglamento regional de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid data de 1997. En su artículo 26 se recoge toda la normativa relativa a las exhumaciones, como la que el Gobierno de la Nación quiere llevar a cabo en el Valle de los Caídos, situado en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial.

Dicho artículo indica que «toda exhumación de cadáveres deberá tener autorización sanitaria». Un permiso que habrá de solicitar «algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda». Y, en todo caso, no podrán llevarse a cabo antes de cinco años desde el entierro.

La norma regional precisa aún más, al señalar que «en época estival, s e podrán suspender temporalmente las exhumaciones, con la excepción de las ordenadas por la autoridad judicial».

Cinco años después

Pero en el caso de la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco, las circunstancias que se dan son todavía más singulares. Porque, según especifica el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad, no es lo mismo un cadáver que unos restos cadavéricos.

En el primer caso, se considera «cadáver» a «todo cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real». Mientras que «restos cadavéricos» son «todo lo que queda del cuerpo humano terminados los fenómenos de destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real».

Atendiendo a esta distinción, lo que se pretende exhumar en Cuelgamuros -nombre del valle donde se asienta este conjunto monumental- son, por tanto, los restos cadavéricos de Franco. Y esta matización es importante, desde el punto de vista legal, dado que el Reglamento especifica que, aunque toda exhumación de cadáveres debe tener autorización sanitaria, y ésta la debe solicitar la familia del difunto, en el caso de los restos cadavéricos no existe esta premisa: «Están exentas de autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos», señala en su literal el artículo 26.3 de la citada norma regional.

Desde el Gobierno regional, no quieren entrar en la polémica generada por la exhumación. «Nosotros nos centramos en los vivos, creemos que es mucho más importante centrarse en los vivos que francamente en los muertos», manifestó el vicepresidente regional y portavoz del Gobierno madrileño, Pedro Rollán.

Acuerdo previo

Por su parte, fuentes del Arzobispado de Madrid, que encabeza el cardenal arzobispo Carlos Osoro, afirmaron a ABC que siguen muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos, pero insisten en que la decisión definitiva deben tomarla el Gobierno Central y la familia Franco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, tiene previsto aprobar este viernes por decreto ley una modificación en la Ley de Memoria Histórica que fuerce el traslado de los restos de Franco.

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