La CNMC estrecha de nuevo el cerco al «cártel de los residuos»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que ha incoado de nuevo expediente sancionador a 51 empresas del sector de los residuos. Se trata de la segunda vez que el organismo vigila la actividad de este presunto «cártel» después de que la Justicia anulara la primera multa.

En 2015 la CNMC sancionó a estas compañías con casi 100 millones de euros por la comisión de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Concretamente, el organismo impuso una multa por considerar que desde el 2000 hasta, al menos, el año 2013 estas empresas se repartieron las licitaciones públicas en materia de gestión de residuos industriaciones, actividades de saneamiento urbano y recuperación de papel y cartón.

Sin embargo, la Audiencia Nacional anuló la multa entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. «No discute si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona pueda ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en una infracción única y continuada», señaló el tribunal.

Entre las empresas investigadas están FCC, Urbaser (en el momento de la multa pertenecía a ACS) y Cespa (propiedad de Ferrovial)

Por ello, Competencia ha optado por incoar de nuevo expediente, pero de forma individualizada para tratar de que el supuesto «cártel» responda por sus infracciones. En concreto, el organismo recuerda en un comunicado que son prácticas restrictivas de la competencia derivadas de «acuerdos y prácticas concertadas tendentes a repartos de clientes públicos y privados, y de actividades, y a la fijación de condiciones comerciales, así como de decisiones o recomendaciones colectivas con el objeto y/o efecto de restringir la competencia».

Entre las empresas frente a las que se dirige el expediente se encuentran Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Urbaser (en el momento de la multa pertenecía a ACS) y Cespa (propiedad de Ferrovial), entre otras sociedades de diferentes tamaños y alcance.

A partir de ahora se abre un periodo máximo de dieciocho meses para la instrucción del expediente y su resolución.

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