Justicia retráctil
Sólo faltaba el Supremo. En la sorprendente carrera de autodeslegitimación de las instituciones españolas, que encabezaba de largo el Gobierno,[…]
Sólo faltaba el Supremo. En la sorprendente carrera de autodeslegitimación de las instituciones españolas, que encabezaba de largo el Gobierno, parecía impensable que la justicia se apresurase a tomar el relevo. Y lo ha hecho al máximo nivel, en el tribunal de mayor respeto y en un asunto de enorme sensibilidad social que afecta a la vida cotidiana del pueblo. El sainete hipotecario representa una suerte de harakiri judicial en el peor momento, un sorprendente suicidio reputacional colectivo que ha dejado a todo el mundo perplejo. El caos jurídico, la falta de certezas doctrinales, son dinamita para los cimientos de un sistema que muchos agentes políticos llevan tiempo socavando por dentro. Lo último que necesitaba el país era este descalzaperros, este espectáculo de dudas y aspavientos de una Corte de jueces especializados incapaces de ponerse de acuerdo sobre un problema estrictamente técnico. En medio de la zozobra general de un Estado bajo amenaza y de una sociedad desbordada por el desasosiego, la falta de confianza de los magistrados en su propio criterio introduce un factor inquietante, devastador, de incredulidad y recelo.
Una sentencia retráctil, una resolución de ida y vuelta, produce más allá del estupor una generalizada sacudida de sospecha. Por un lado, la posibilidad seria de que la corriente de populismo haya afectado al fallo sobre los gravámenes de las hipotecas, una cuestión clave para una clase media que lleva años sufriendo aprietos de economía doméstica. Es perfectamente verosímil que ciertos prejuicios ideológicos sobre la banca perversa se hayan colado por las ventanas abiertas de la Sala Tercera. En sentido contrario, es obvio que la posterior suspensión del veredicto revela en primer término un pavoroso desorden, una auténtica empanada interna, y en segundo una intrusión manifiesta motivada por la alarma ante las críticas consecuencias que la decisión inicial produjo de inmediato en la actividad financiera. El resultado es que la credibilidad del Tribunal ha quedado en la práctica disuelta y que va a ser muy difícil que el plenario logre restaurarla en un debate de asamblea. Resuelva lo que resuelva, el problema es que la presunción de parcialidad está servida tras una intervención tan descoordinada y chapucera.
A ver quién y cómo restaura ahora este daño, en cuyo origen está, por cierto, una presión fiscal abusiva que inventa impuestos sobre cualquier acto cotidiano. Si ya resultaba engorroso explicar las complejas razones del Derecho a los ciudadanos, ahora además habrá que convencerlos de que las togas no cobijan intereses espurios ni bastardos. El prestigio de la instancia jurisdiccional de mayor rango está averiado y el principio de seguridad jurídica se ha venido abajo cuando más importaba preservarlo: con el proceso de la insurrección separatista a punto de comenzar su último y decisivo acto.
