Gimeno pedirá otra auditoría y consejeros independendientes

Llegó el día «D». En realidad, el primero de dos días clave para el futuro más inmediato de El Corte Inglés. Mientras, los mediadores de uno y otro bando admiten que tiran la toalla y dan por perdida la posibilidad de llegar a un gran pacto entre consejeros por la paz en El Corte Inglés. Las partes se enrocan en sus posiciones y la marcha de los acontemientos sigue su pulso.

Mañana será la primera reunión de los dos próximos consejos de administración que celebrará el grupo de grandes almacenes en un máximo de quince días. Un consejo ordinario -el previsto tradicionalmente a finales de mayo-, en el que, en principio, solo se esperaba un único punto del orden del día: la formulación de cuentas anuales de 2017, para su posterior aprobación en junta general de accionistas, que se celebra año tras año el último domingo de agosto.

Después, ya en la primera quincena de junio -si bien algunos concretan que entre el 7 y el 10 de dicho mes-, un segundo consejo de administración, pero esta vez extraordinario, con el único objetivo de cesar al presidente del grupo y nombrar su sucesor. O sucesora, más bien.

El caso es que el consejo ordinario de mañana tiene todos los visos de convertirse en el último en el que Dimas Gimeno estará en el sillón presidencial de El Corte Inglés.

Buen gobierno corporativo

Ahora bien, según ha podido saber ABC, el aún presidente del grupo de grandes almacenes no se resigna a dar por perdida la lucha que le enfrenta a sus primas, Marta y Cristina Álvarez, hijas de su antecesor Isidoro Álvarez, y ha deciddo añadir más puntos a tratar en el orden del día. Asuntos que se han convertido en los verdaderos caballos de batalla durante su gestión: la necesidad de aplicar la normativa de buen gobierno corporativo en la empresa (con el objetivo, por ejemplo, de aumentar el número de consejeros independientes y de realizar más reuniones del consejo, al tiempo que se hace más transparente la compañía) y los resultados de la auditoría al área de seguridad del grupo.

Además, las fuentes consultadas especifican que Gimeno tiene la intención de pedir a los consejeros la necesidad de realizar otra auditoría externa, independiente, paralela a la realizada por la firma que audita también sus cuentas -E&Y- sobre este área de negocio del grupo.

Mientras tanto, siguen corriendo los días, y se va acortando el periodo máximo que se le había otorgado según marcan los estatus sociales de El Corte Inglés al presidente para convocar esa segunda reunión del consejo, de forma extraordinaria, para tratar su despido.

Una petición que fue realizada el pasado 4 de mayo -por boca del secretario del consejo, Antonio Hernández-, por parte de un tercio de los consejeros de la compañía -los dos consejeros delegados ejecutivo, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, y los vocales Carlos Echavarría y Florencio Lasaga, este último también presidente de la Fundación Areces (máximo accionista del grupo con el 37,39% del capital). No obstante, ante las dudas de la validez de una petición oral, según fuentes oficiales de El Corte Inglés, fue de nuevo notificada, esta vez por escrito, el día 10.

A partir de dicho día, según los estatutos del grupo, el presidente -no ejecutivo desde octubre del año pasado por decisión unánime del cosnejo- cuenta con 30 días hábiles para convocar dicho consejo. Agotado el plazo, los consejeros que lo solicitaron podrán convocarlo automáticamente, por tanto ya, en junio.

Apoyo unánime

Tras días y días de negociaciones, en los que ambas partes han tratado de imponer sus planes y su propuesta al otro para dar por terminado el conflicto, no han logrado llegar a un acuerdo. Las fuentes consultadas afirman a este periódico que las dos hermanas Álvarez cuentan ya con el apoyo unánime de la mayoría del consejo, con la duda de la posición del jeque catarí (que este verano pasará a contar con hasta el 12% de la compañía), que podría abstenerse.

La batalla parece estar ganada, pero la guerra se recrudecerá dado que, fuentes próximas al aún presidente del grupo aseguran que tras su cese se podrían endurecer las demandas interpuestas a las hermanas por la vía penal.

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