El juez protegió a dos testigos por temor a represalias desde la Generalitat

Son los testigos A y B en el sumario conocido como el 3 por ciento, en referencia a las mordidas que pagaron numerosos empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña. El juez de El Vendrell que dirige la investigación acordó a finales del pasado noviembre otorgar la condición de testigos protegidos a dos empresarios, tal y como habían solicitado los fiscales Anticorrupción. Uno de ellos señaló con claridad al expresidente de la Generalitat Artur Mas y el otro a su exconsejero y actual diputado Germà Gordó, en sendas declaraciones.

En la práctica, dotarlos de esa condición de testigos protegidos supone que sus nombres se omiten en la causa y en el caso de que haya diligencias con el resto de las partes presentes se evitará que puedan ser identificados visualmente. Las notificaciones y citaciones también se protegen y es la propia sede judicial la que las hace llegar de forma reservada a los destinatarios.

El juez teme, tal y como le trasladó la Fiscalía, que si se revela su identidad «se produzcan detrimentos graves para los mismos en el ámbito profesional en el cual actúan», según recoge el auto de 29 de noviembre. Ambos empresarios realizan una actividad en el tráfico económico y contratan de manera frecuente con el sector público. «Es necesario -señala el magistrado- que se garanticen las condiciones de sosiego necesarias para que los referidos testigos depongan de la manera más libre, sin presiones y veraz posible acerca de los hechos objeto de esta investigación».

A continuación recuerda que las pesquisas afectan a personas aforadas (en ese momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún no se había opuesto a que se actuara contra Germà Gordó como pidió el Ministerio Público) y a otras que «han tenido y siguen teniendo una gran relevancia pública, a tenor de las manifestaciones vertidas en las comparecencias». El juez no da nombres porque estos ya aparecen en boca de los testigos en las declaraciones a las que hace referencia. Se trata del citado Gordó y de Artur Mas, como se ha dicho.

Los dos fiscales Anticorrupción responsables del caso habían pedido esa misma mañana, vía fax, al juez que adoptara las «cautelas necesarias» para que la identidad de los empresarios quedara resguardada y que abriera para ello una pieza separada y especial de «testigos protegidos» con identidad anónima. Los fiscales justificaron su petición con dos argumentos: uno, que cuando se levantara el secreto de la pieza tercera (algo que ya ha ocurrido) siguiera vigente respecto a esas dos personas y en segundo lugar porque ambos señalan a Gordó como el hombre de las adjudicaciones.

«Se considera que debe adoptarse la medida solicitada, de manera que no se ponga en peligro la integridad física o patrimonial de aquella persona de la que la Administración se intenta, legítimamente valer pero, al tiempo, ha de proteger», expone el escrito de los fiscales. Su explicación es rotunda: existe un «razonable temor de una represalia de los organismos públicos y Administración bajo influencia del Sr. Gordó». El magistrado, como se ha dicho, hace suyo este argumento.

Doce días antes de este escrito y del auto del juez, los dos testigos comparecieron en la sede de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El ahora testigo A reveló, como informó ayer ABC, que entre 2006 y 2007 recibió una llamada de Germà Gordó en la que le citaba en la sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona. Antes de esa cita, explicó el declarante, él había realizado donaciones a la fundación Catdem y a otras entidades sin ánimo de lucro, «sin connotaciones políticas», detalla. Le llevaron al despacho de Artur Mas donde estaba este y Gordó. Fue Mas quien le dijo: «A partir de ahora todas las adjudicaciones han de ser a través de Germà Gordó». Este último le comentó que debía cambiar, aunque él no hizo caso y siguió su actividad empresarial con normalidad. Pasado el tiempo, el testigo coincidió con Gordó en una entrega de premios en Tarragona y este le dijo: «Tú no obedeces. Ahora a quien no obedeces es president, a ver qué va a pasar». Cree que el encuentro fue en torno a 2010 porque Artur Mas ya era presidente de la Generalitat. Aseguró que se sintió extorsionado. «Fue muy desagradable», confesó.

El testigo B, también empresario adjudicatario de obra pública, contó que en 2004 acudió al Ayuntamiento de Alcarrás (Lleida) donde se entrevistó con el alcalde. Este le dijo que tenía que hablar con Josep Grau, entonces diputado del Parlament. Grau le citó en dicha sede y le explicó lo siguiente: «Si queréis hacer algo más con el Gustavo en las tierras de Lleida, tenéis que tratar con Gordó». A continuación, el testigo se entrevistó con Gordó, también en el Parlament, y este le ratificó que para cualquier negocio en Lleida había que hablar antes con él «para pactar las condiciones». Según declaró, no hizo caso de ninguno de los dos pero tampoco consiguió trabajo alguno en esa provincia.

Los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y aceptados por el juez motivaron la apertura de una pieza separada de testigos protegidos para que no trasciendan datos personales cuando se levante el secreto de todas las actuaciones. Los testigos serán A y B en los presuntos delitos contra la Administración pública (cohecho y tráfico de influencias). En los próximos días, el juez de El Vendrell pedirá -como ya hizo Anticorrupción- al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que Gordó (aforado) sea investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo y malversación.

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