El juez procesará a Kirchner por encubrir a Irán en el caso AMIA

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El destino político ?y en buena medida judicial? de la expresidenta Cristina Fernández quedará visto para sentencia este mes. En el plano electoral, el 22 de octubre pasará a ser senadora, según todas las previsiones. Cuatro días más tarde, según todos los indicios, quedará procesada por su intento de exculpar a los autores del atentado contra la mutua israelí AMIA (85 muertos y centenares de heridos en 1994), en la causa clasificada por el juez Claudio Bonadío de «traición a la patria».

El magistrado citó a «indagatoria», equivalente a imputada o investigada, a la candidata de Unidad Ciudadana, el partido que fundó para evitar primarias en el peronismo. Lo hizo en simultáneo con la citación a una docena larga de colaboradores y personas de su círculo más cercano cuando estaba en el poder. Bonadío parece no tener duda de que la ex jefa de Estado es la primera responsable, en esa línea descendiente de presuntos traidores a la patria, de organizar un plan o andamiaje legislativo con Irán que se tradujera en impunidad para los terroristas a cambio de operaciones comerciales y de otra naturaleza.

El fiscal Gerardo Pollicita lo explica con el uso del «Memorándum de Entendimiento» con Irán, un proyecto que se transformó, con el rodillo kirchnerista, en ley en el Congreso en 2013 y entre cuyos objetivos figuraría dar de baja las «alertas rojas» de Interpol sobre cinco de los presuntos autores del atentado. Dicho en palabras del fiscal, se trataba de «obstruir e impedir» que se hiciera justicia. Y con ese fin, los «gobiernos involucrados» pretendían «materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní».

En plena campaña electoral de las legislativas parciales, Fernández podría no llegar a disfrutar de su escaño

La viuda de Kirchner, en plena campaña electoral de las elecciones legislativas parciales, podría no llegar a disfrutar de su escaño (aunque salga segunda lograría entrar en la Cámara Alta) y perder sus anhelados fueros si, como todo parece indicar, Bonadío la procesa después de que testifique. El magistrado, cuando cita a declarar, suele completar el círculo con un procesamiento posterior inmediato. En este caso, en función de los tiempos, la expresidenta podría ser senadora electa y ni siquiera llegar a asumir el cargo o, en caso de hacerlo, que fuera expulsada o despojada de su inmunidad, a petición del juez.

El escenario que se avecina para la mujer que concentró mayor poder en la historia de Argentina es muy complicado. El cerco judicial la tiene contra las cuerdas: está acusada de cometer más de media docena de delitos donde la corrupción se atraviesa en todos y el blanqueo de capitales se extiende como telón de fondo. Pero esta causa ?«traición a la patria»? es la de mayor gravedad al estar además vinculada a la muerte del exfiscal Alberto Nisman, el hombre que, según los últimos informes periciales de Gendarmería, fue asesinado por dos sujetos que simularon posteriormente una escena de suicidio. Si ambos expedientes llegaran a unirse, algo que no está descartado, Cristina Fernández debería responder de algo más que ese «plan criminal» de encubrimiento.

Nisman, fiscal especial para investigar el atentado contra la sede de la AMIA y la DAIA (principales instituciones políticas y económicas israelíes) apareció muerto en su cuarto de baño el 18 de enero de 2015, en vísperas de que fuera al Congreso a explicar por qué acusaba a la entonces presidenta de lo mismo que le imputa ahora Bonadío.

Quién es quién en la causa

Entre los hombres de la presidenta que deberán pasar por el banquillo, en el marco de este proceso judicial, figura el ex ministro de Asuntos Exteriores Héctor Timerman, descubierto en la ciudad siria de Alepo (antes de que quedara arrasada) en una reunión secreta con miembros del Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. Hijo de Jacobo Timerman, célebre periodista que estuvo secuestrado por la dictadura, el excanciller fue prácticamente repudiado por la colectividad judía. Enfermo, hoy no ocupa ningún puesto en la Administración. Oscar Parrilla, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico del Gobierno de la viuda de Kirchner, permanecen en el entorno más cercano de la expresidenta y cierran el círculo de miembros de aquel Ejecutivo citados como imputados.

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En otro plano figuran personajes aparentemente menores, pero necesarios e imprescindibles. Se trata del diputado «K» Andrés, alías «el cuervo», Larroque; el piquetero y titular con Néstor Kirchner de la Secretaría de Tierras para el Hábitat Social Luis D´Elía; Fernando Esteche (exdirigente de Quebracho, una organización violenta de orígenes oscuros) y Alejandro Khalil. Éste último sería el enlace de Irán en Buenos Aires. Decenas de grabaciones interceptadas, presentadas en su día por Nisman, recogen conversaciones que ponen de manifiesta la función de cada uno. Larroque ejercía de correa de transmisión con el Gobierno con D`Elía que, a su vez, era el interlocutor de Irán.

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