El juez: «¿Favoreció a empresas para financiar a un partido o para usted?»

El juez que investiga si hubo corrupción en la empresa pública Acuamed, Eloy Velasco, preguntó al jefe de la supuesta trama los motivos de favores tan groseros a favor de intereses privados. «Usted como director general de una empresa pública era una persona empeñada en favorecer escandalosamente intereses de carácter privado, no sé si por orden de un superior, para financiar un partido político, o para meterse el dinero en su bolsillo», le espetó Velasco a Arcadio Mateo, el antiguo director general de Acuamed, ahora en prisión, según se escucha en su declaración, que consta en el sumario del caso, al que ha accedido ABC.

El magistrado considera que Mateo, que se negó a declarar entonces porque la causa permanecía secreta, impuso en el seno de Acuamed, la empresa que gestiona los recursos hídricos de España, «numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos», con un coste millonario para las arcas públicas.

El juez investiga, en concreto, seis contratos de la empresa pública, a través de los cuales los responsables de la trama habrían favorecido a firmas privadas, como FCC, Acciona o Abengoa, siempre según los investigados, a cambio de regalos y favores, como compensaciones en los contratos o viajes a Turquía o implantes.

Francisco Valiente, el empleado público que denunció las supuestas irregularidades, relató al juez cómo comenzó a sospechar, tras informarle sus jefes que existía un acuerdo al más alto nivel, con el entonces ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, sobre una compensación a FCC y Abengoa por la reparación de una obra, uno de los seis contratos investigados ahora en la Audiencia Nacional.

Se trata de la desaladora de Bajo Almanzora, situada en Almería, que se inundó tras las potentes lluvias que cayeron en el Levante español en septiembre de 2012. El magistrado, en contradicción con un informe de la Abogacía del Estado que publicó el diario ABC, aseguró que Acuamed se ofreció para cubrir los costes «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», para evitar que las compañías tuvieran que abonar la reparación. «Acuamed no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas», asegura Velasco. La Abogacía del Estado avaló la tesis de Acuamed: que la responsabilidad de no tener seguro era compartida por la sociedad pública y por las dos contratistas.

Valiente, que era entonces el director de ingenieria y constructor, el número dos después de Mateo, y que fue despedido, declaró ante el magistrado que sus jefes le informaron de que «la responsabilidad de no tener seguro era compartida, que la culpa era de todos». Cuando el juez le pide precisar quiénes se lo dijeron, Valiente responde que Mateo y Javier Moya, el director jurídico de Acuamed y abogado del Estado. «Había un acuerdo con el ministro Miguel Arias Cañete, al máximo nivel, para que ellos pagaran el 60% y nosotros, el 40%», aseguro el denunciante del caso.

Según el relato del juez, los directivos de Acuamed se comprometieron a pagar el 40% de los costes y a compensar el 60% -ese que en la teoría iban a pagar FCC y Abengoa- con compensaciones irregulares en otras obras, sobre todo en la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, una partida que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado con una cantidad de 36 millones. Esta «compensación indebida» se pactó, asegura el juez en el auto, entre la cúpula de FCC y «cargos de alto nivel» del Ministerio de Agricultura.

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