El juez elevará en breve la exposición para imputar a Barberá
Los trámites para que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sea investigada en el marco del supuesto blanqueo de capitales[…]
Los trámites para que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sea investigada en el marco del supuesto blanqueo de capitales en el grupo del PP en el Ayuntamiento continúan su curso. Según fuentes conocedoras de proceso, el juez encargado del caso, Víctor Gómez, tiene previsto elevar durante los próximos días -casi con toda probabilidad la semana que viene, aunque podría retrasarse- la exposición razonada al Tribunal Supremo para que éste decida si procede a citar a la senadora como imputada debido a su condición de aforada.
La Fiscalía se mostraba partidaria desde febrero de que la causa de Barberá fuera al TS, pero el magistrado consideraba que la investigación «no estaba agotada» y prefirió esperar a que se encontrara más madura y los indicios tuvieran más consistencia. De hecho, ofreció declarar a la exalcaldesa de Valencia, lo cual realizó por escrito para asegurar que no le devolvieron los mil euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015 (al igual que el resto de concejales y asesores investigados). También apuntó que no recordaba cómo entregó la cantidad.
Posición jerárquica
Ahora, y pese a que todavía existen declaraciones previstas para el próximo viernes, el juez entiende que puede elevar ya esta exposición razonada, que en ningún caso -remarcan fuentes expertas- se trata de una petición de imputación, sino de una recopilación de información que le sirva al tribunal para tomar una determinación al respecto.
La justificación principal sería la de la posición jerárquica de Barberá en el Ayuntamiento por su cargo de alcaldesa y, como tal, su capacidad de decisión y de mando.
En el caso de que, una vez recibido el escrito, TS siguiera adelante, plantearía un suplicatorio al Senado, donde el presidente lo remitiría a la Comisión de Suplicatorios. Aunque el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, no podría rechazar la concesión aunque quisiera, puesto que de acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, la negativa a otorgar la autorización sólo puede producirse en caso de que, hecha la acusación penal, se percibiera en la querella un intento de alterar la composición del Senado o su funcionamiento.
La comisión procedería a llamar a Barberá para escuchar su razonamiento y emitiría un dictamen en el plazo máximo de un mes. Posteriormente, su debate sería incluido en el orden del día del primer pleno ordinario (este punto se trataría en sesión secreta). El Senado trasladaría el acuerdo al Supremo en el plazo de ocho días y éste ya podría desde ese momento llamar a declarar a Barberá.
