El juez desvela el viernes a qué líderes secesionistas lleva a juicio por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha anunciado que el próximo viernes, 23 de marzo, comunicará a los 28 líderes independentistas investigados en la causa por rebelión el auto de procesamiento, con el que el magistrado cerrará la investigación. En una providencia, el juez les ha citado a las 10.30 horas en el Supremo.

Seis de los investigados en la causa deberán acudir asistidos por un abogado, porque se celebrará la vistilla de medidas cautelares, en las que las acusaciones pueden pedir su ingreso en prisión preventiva. Se trata de Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira.

Con este auto, el magistrado cerrará la investigación, expondrá sus tesis y desvelará a qué líderes independentistas envía a juicio. Después, llegará la fase para que las acusaciones de la Fiscalía y de Vox presenten sus escritos con sus peticiones.

El trámite final sería la apertura de juicio oral, una vista que se prevé en otoño y que enjuiciará por primera vez en democracia a gobernantes catalanes por empujar hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.

Una de las consecuencias directas del procesamiento será la inhabilitación política de aquellos procesados contra los que se haya dictado la prisión preventiva, lo que incluye actualmente a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, además de Carles Puigdemont y los demás fugados.

Esta consecuencia para los presos preventivos que hayan sido procesados por rebelión está prevista en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal, la norma que regula el proceso penal.

Una incógnita que se resolverá el mismo viernes es el destino inmediato de Turull, quien se ha postulado como posible candidato a presidir la Generalitat tras la renuncia de Sànchez. Turull se encuentra libre, y no le afectaría la inhabilitación, pero el viernes deberá comparecer en una vistilla en la que las acusaciones podrían pedir su encarcelamiento preventivo.

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