El juez cita a un edil del PP de Palma por la corrupción en la Policía Local
El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha citado al actual diputado regional del PP[…]
El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha citado al actual diputado regional del PP y edil del consistorio palmesano Álvaro Gijón para que declare en calidad de investigado ?equivalente a imputado? el próximo 9 de septiembre. La citación se produce a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán, en el marco de la investigación acerca de la presunta existencia de una trama de corrupción en la Policía Local de la capital isleña.
El pasado viernes había declarado ya ante el magistrado, en relación a esa misma cuestión, el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, quien negó con rotundidad cualquier posible vinculación con dicha trama de corrupción policial. Rodríguez había dimitido como dirigente local de su partido el pasado 4 de julio, días antes de ser imputado, tras ser obligado a ello por la dirección nacional del Partido Popular.
Tras la declaración de Rodríguez, el juez dictó un auto en el que decretó varias medidas cautelares contra él. Así, le ha prohibido acercarse a menos de 300 metros de los departamentos de Urbanismo y de la Policía Local del Ayuntamiento de Palma durante la instrucción de la causa. Asimismo, se le impide a Rodríguez acercarse o comunicarse con cuatro personas, en concreto, tres testigos y un imputado vinculados a este proceso.
«Artífice en la sombra»
Para el juez, según consta en el sumario, Rodríguez sería el «artífice en la sombra» de la trama de corrupción en la Policía Local, que incluiría la manipulación de unas oposiciones en la jefatura del cuerpo y también la recurrente extorsión a locales de ocio ubicados en la denominada Playa de Palma. Según Penalva, existiría una «estructura corrupta» en la Policía Local
al servicio de «determinados políticos» de la formación popular, entre ellos, presuntamente, Rodríguez y Gijón.
Esa supuesta «estructura corrupta» se habría puesto en marcha en el mandato 2003-2007, en el que la popular Catalina Cirer era la alcaldesa de Palma, y habría continuado en los dos mandatos siguientes, con la socialista Aina Calvo y con el popular Mateo Isern como sucesivos primeros ediles. Los investigadores en ningún momento han vinculado a Cirer, Calvo o Isern con dicha trama. En la actualidad, el alcalde palmesano es el socialista José Hila, que preside un tripartito conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear.
La investigación comenzó en 2013
Cabe recordar que las investigaciones iniciadas por Penalva y por Subirán en 2013 se centraron, originariamente, en el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local de Palma. Las pesquisas derivaron en 2015 hacia la investigación de presuntas irregularidades en la actuación de la Patrulla Verde, que es una de las unidades que se encargan del control de los locales de ocio nocturno.
El expresidente del PP de Palma negó la existencia de una trama corrupta
Según el testimonio de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados en esta segunda vertiente de la trama se ponían en contacto con propietarios de diversos clubs de la Playa de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones. Los citados agentes, a cambio, obtenían dinero, consumiciones de alcohol gratuitas o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local.
Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por algunos de los agentes implicados. Finalmente, en junio del pasado año fue detenido el entonces jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres. Desde entonces, se sucedieron los arrestos de agentes, que en algunos casos derivaron en su ingreso en prisión.
En ese contexto, cabe recordar que el pasado 23 de agosto el Ayuntamiento de Palma suspendió de empleo y sueldo de manera indefinida a los exjefes de la Policía Local Joan Miquel Mut y Antoni Morey, quienes tenían la intención de reincorporarse al trabajo después de haber cumplido los seis meses de suspensión que les había impuesto el equipo de gobierno municipal.
