El Cupo, último escollo para el pacto con PNV a la espera de Rajoy

Habrá suspense hasta el final en la negociación del Gobierno con el PNV sobre los Presupuestos Generales de 2017, aunque el final feliz parece garantizado a tenor de la voluntad manifiesta de ambas partes por llegar a un acuerdo. A poco más de 24 horas de que el registro del Congreso cierre el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a la totalidad, el acuerdo con el grupo vasco sigue sin estar atado. Es más, los nacionalistas vascos amagaron ayer con registrar una enmienda a la totalidad a las cuentas, añadiendo presión al Ejecutivo, en plena avalancha por la corrupción en el PP.

«En estos momentos no hay acuerdo», aseguró ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmando que su grupo «ultima» una enmienda a la totalidad y que, si no hay pacto, dejará caer al Gobierno.

Discrepancias con Hacienda

Sin embargo, tanto los nacionalistas como el propio PP están a la espera de que en las próximas horas el presidente, Mariano Rajoy, que regresa hoy a Madrid de su viaje a Brasil y Uruguay, desbloquee la situación.

Bastará una llamada del «jefe» al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que afine con las exigencias planteadas por el PNV, cuyos cinco diputados son imprescindibles para salvar los vetos a la totalidad. El plazo límite será el próximo miércoles, cuando se empiezan a debatir y votar las enmiendas de la oposición. En Sabin Etxea esperarán la llamada de Rajoy para retirar, in extremis, su veto.

Lo cierto es que las negociaciones están encarriladas a falta de un único escollo, muy importante para los nacionalistas: el Cupo vasco. Existen discrepancias entre los equipos técnicos de Hacienda, del Ministerio y del Ejecutivo autónomo sobre la cantidad anual que el País Vasco abona al Estado por las transferencias no asumidas, como Defensa. No sólo sobre la liquidación del saldo pendiente desde 2012, que el Gobierno de Iñigo Urkullu cifra en unos 1.500 millones de euros. Sino que, sobre todo, la gran «muralla» que separa a Cristóbal Montoro del pacto con el PNV es el método de cálculo para la nueva Ley quinquenal, que establecerá las cantidades de los próximos cinco años.

Según el Gobierno vasco, serían unos 850 millones anuales. Según Montoro, deberán rondar los 1.200 millones. «Las diferencias son muy notables. O se produce un giro importante o no habrá acuerdo», insisten desde el PNV, donde reparan en el coste político que supone apoyar al Gobierno, más en este momento en que los escándalos de corrupción asolan Génova.

«Somos conscientes de que la foto con el PP en el País Vasco es mala. Pero estamos dispuestos a asumirla si podemos presentar un buen acuerdo», señalaba ayer un portavoz oficial de Sabin Etxea, donde se busca un acuerdo por escrito para garantizar la renovación de la Ley del Cupo.

También se reconoce que el camino andado con el Gobierno en estas semanas de negociación es provechoso para sus intereses y destacan el acuerdo ya cerrado en torno a una rebaja de la tarifa eléctrica que pagan las grandes empresas vascas y el impulso a las obras del AVE, incluido el compromiso de soterramiento en las capitales. También reconocen el «cambio de actitud» del Ejecutivo central sobre los recursos contra legislación autonómica o el desbloqueo para renovar la oferta pública de empleo en la Ertzaintza.

La «segunda fase»

El PP es optimista sobre la votación de enmiendas a la totalidad, pero preocupa la negociación de las parciales. Según fuentes del grupo popular, el PNV les ha advertido de que si no logran cerrar un acuerdo satisfactorio en esa siguiente fase, presentarán enmiendas que buscarán ganar con la oposición. «No vamos a poder ganar todo, hay enmiendas que perderemos», admiten.

El Reglamento del Congreso establece dos límites. En su artículo 134 permite al Gobierno rechazar cualquier propuesta que conlleve una minoración de ingresos, y exige que las enmiendas que supongan aumento de créditos deberán proponer una bajada de igual cuantía en la misma sección. Pero, respetando eso, las nuevas cuentas se pueden transformar casi por completo. De ahí la preocupación del PP por el salto al vacío que supone la superación de las enmiendas a la totalidad, sin tener amarrados los apoyos.

Para esta segunda fase, el PP buscará apoyos adicionales, en concreto del PDECat una vez que la salida de Francesc Homs ha dejado la portavocía en manos de Carles Campuzano, más alineado con las tesis pactistas de la vieja Convergència.

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