El Constitucional lanzó hace unos días su «último aviso» a Carme Forcadell
Con «prudencia y contundencia». Así afrontará el Tribunal Constitucional el nuevo órdago secesionista tras la aprobación, por parte del Parlamento[…]
Con «prudencia y contundencia». Así afrontará el Tribunal Constitucional el nuevo órdago secesionista tras la aprobación, por parte del Parlamento catalán, de las conclusiones del proceso constituyente que abren la puerta a una declaración unilateral de independencia. Hace apenas unos días, el Pleno del órgano de garantías ya lanzó una advertencia expresa a la Cámara autonómica ?«especialmente a la Mesa del Parlamento»? a propósito de esta comisión constituyente. «Su actividad resulta absolutamente inviable si no se entiende condicionada al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos para su reforma (...). La comisión debe someterse al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos para su reforma» y no podrá dirigirse a la «apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente».
El Pleno del TC se pronunció así en un auto en el que respondía al incidente de ejecución de sentencia que había presentado el Gobierno ?a través de la Abogacía del Estado? en el que reclamaba al TC que declarara nula la creación de la Comisión por «desobedecer de forma evidente» la sentencia de diciembre en la que el Tribunal anuló el acuerdo del Parlamento que ponía en marcha el proceso de desconexión democrática.
El TC se quedó a las puertas de acordar esa nulidad, y en aras de no sacrificar la unanimidad que ha marcado cada una de sus decisiones sobre el desafío secesionista, optó por poner límites a la actividad de esta comisión. «Su creación (la de la citada comisión) no podrá utilizarse, so pena de arrastrar las consecuencias que prevé el ordenamiento jurídico, como un intento de sortear o eludir la vinculación de todos los poderes públicos al cumplimiento de lo resuelto» por el TC. En esa misma resolución, el Pleno advertía además «a los poderes implicados y a sus titulares, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir estos mandatos (...). Es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución y que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
Pese a esta advertencia explícita que resulta obvio que los independentistas han eludido, los magistrados no parecen estar dispuestos a actuar de oficio. De esta forma, y de nuevo siguiendo el camino de las decisiones que ha tomado relacionadas con Cataluña, esperará a que la Abogacía del Estado mueva de nuevo ficha, lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que sucederá en los próximos días por la vía del incidente de ejecución (de la sentencia del pasado mes de diciembre).
Medidas coercitivas
El Estado de Derecho tiene armas suficientes para detener este nuevo órdago, empezando por el propio TC, que tiene potestad para aplicar una serie de medidas coercitivas que garanticen el cumplimiento de sus decisiones. Multas (3.000 a 30.000 euros), suspensión de funciones de los cargos que desobedezcan o incluso la exigencia de responsabilidades penales están contempladas en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en 2015.
El
TC puede declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que él mismo ha dictado (previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó), acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público o recabar el auxilio de jueces y tribunales o de cualquier administración y poder público, que deberán prestarlo «con carácter preferente y urgente».
