¿Dónde está la Autoridad de Protección al Ahorrador?

Por mucho que la CNMV se empeñe en mejorar cada año el contenido de su Memoria de Atención de Reclamaciones y Consultas de los Inversores, incluyendo este ejercicio, por ejemplo, las actuaciones y datos sobre los «chiringuitos financieros» (ojo a la cifra, porque en 2017 se hicieron públicas 500 advertencias sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión), el gran problema de fondo, el que más frustración crea a los ahorradores e inversores, sigue sin resolverse. Y es que las resoluciones de los expedientes de reclamación emitidos por la CNMV no tienen carácter vinculante. Es decir, que el ahorrador, después de un largo proceso que le lleva primero desde al Servicio de Atención al Cliente de su entidad al Banco de España o a la CNMV, aportando todo tipo de documentación y de pruebas, y de esperar unos meses a que le digan si su reclamación ha prosperado, se puede encontrar con que el banco objeto de su queja se niegue a rectificar su actuación y se vaya de rositas a pesar del informe negativo del supervisor. Acudir a los tribunales de Justicia será la única salida que le quede al ahorrador con todo lo que ello supone. 

Es cierto que cada año el número de entidades financieras que aceptan los criterios de la CNMV sigue creciendo. En 2017, rectificaron en un 58,3 por ciento de los casos, un 13 por ciento más que en el año anterior, pero no es suficiente, porque en un porcentaje superior al 41 por ciento, los ahorradores que reciben un informe favorable no consiguen que la entidad acepte que su actuación fue contraria a las buenas prácticas bancarias.

Pues bien, con todo esto acabaría la Autoridad de Protección al Ahorrador, porque la directiva con la que está relacionada su creación contempla que los pronunciamientos sobre reclamaciones que emita esta autoridad sean vinculantes. Sería un paso de gigante que acabaría con la situación injusta que llevan viviendo muchos años los ahorradores e inversores. Hace casi dos años que Luis de Guindos anunció su creación. Al dejar Economía, su sucesor intentó recuperar este proyecto, pero su breve tiempo al frente del ministerio le impidió culminarlo. Y ahora, con Pedro Sánchez en el Gobierno, la sensación es que los asuntos que afecten a los ahorradores los pone al final de la cola. A pesar de que en el año de Mifid II esta autoridad sería más necesaria que nunca.