Un reciente artículo publicado en 'The Economist' estimaba que actualmente hay más de 50 billones de micro plásticos en la hidrosfera y que el flujo de descarga anual no solo no se reduce, sino que sigue creciendo. Teniendo en cuenta que solo reciclamos el 9 por ciento del plástico que producimos anualmente y que se tardan hasta 400 años en que el mismo se degrade por efectos naturales, no es de extrañar que estimaciones de futuro nos lleven a cifras mucho más preocupantes. Por plasmarlo de manera gráfica, se calcula que en el año 2050 la cantidad de plástico que estará flotando en los océanos pesará más que el conjunto de peces que viven en ellos, ¡incluidas las ballenas!, dado que la producción global continúa aumentando y que la gran mayoría del plástico producido es de un solo uso. Datos de enorme actualidad con ocasión de la celebración del día internacional del Medioambiente (5 de junio) que este año ha puesto el foco precisamente en el daño medioambiental derivado del uso generalizado de estos polímeros y en la dificultad de encontrar alternativas a un producto tan útil y versátil.
Trucost, una empresa del grupo Standard &Poor's, estima que solo los costes derivados de la contaminación por plásticos de mares y océanos por su impacto negativo en turismo, pesca y biodiversidad en más 13.000 millones de dólares anuales. Sumémosle el impacto en término de emisiones de efecto invernadero de la cadena de producción y distribución y esta cifra se multiplicaría por diez. Y eso sin contar los impactos en la salud y en la cadena nutricional, todavía poco estudiados.
Si extrapolamos este ejercicio para los distintos límites medioambientales identificados en el 'Planetary Boundaries Project' desarrollado por la Universidad de Estocolmo, se constata rápidamente que también nos enfrentamos a riesgos serios derivados de la pérdida de la capa de ozono, de la alteración del ciclo natural del nitrógeno, del proceso de acidificación de los océanos o de los impactos del cambio climático por citar algunos. Elementos todos ellos que reflejan la enorme dificultad que supone encontrar el equilibrio entre los actuales niveles de producción y de uso de recursos y la capacidad de nuestro entorno natural de proveer los recursos suficientes y de asimilar los desechos y residuos generados en el proceso. Afortunadamente, en los últimos años se observa, impulsada por una ambiciosa agenda política internacional, una creciente concienciación sobre la necesidad de reducir los impactos medioambientales y sociales de nuestras actividades.
La magnitud de los cambios que son necesarios para reconducir el patrón de desarrollo y crecimiento económico hacia una senda sostenible es tal que exige la participación de todos los agentes sociales y económicos, públicos y privados. Y entre todos ellos, el sistema financiero es pieza fundamental para asegurar la canalización de inversiones hacia los nuevos sectores y actividades que aseguren un crecimiento sostenible a largo plazo. Hecho que reconocía hace unas semanas el presidente del BBVA en el Foro de Finanzas Sostenibles de Madrid, donde pedía «reimaginar el papel de la banca» como catalizadora esencial en esta radical transformación de nuestro modelo económico y social. Otra muestra del mismo pensamiento la ofrece la reciente carta que un conjunto de inversores entre ellos Aberdeen Standard Investments, AXA Investment Managers, y otros 58 que conjuntamente gestionan más de 10 billones de dólares en activos, han enviado a «sus» empresas vinculadas al negocio del gas y petróleo. Les reclaman explicaciones sobre cómo piensan atender la necesaria transición energética hacia una economía sin emisiones netas de carbono que se acordó en el Acuerdo de París de 2015 por más de 200 Estados y sobre la que varios países han empezado ya a legislar.
Este giro en el papel de la banca y otros agentes financieros responde también a las llamadas de prudencia regulatoria desde los entes de supervisión bancaria para incorporar los impactos del cambio climático como potencial riesgo sistémico a largo plazo. Aunque para muchos parezca imposible, los máximos representantes de varios Bancos Centrales relevantes se han reunido para hablar de estos temas y coordinar sus políticas que parecen pasar por la realización de stress tests a las entidades que supervisan sobre el riesgo físico y de transición que supone la lucha contra el cambio climático.
Las recomendaciones internacionales marcan claramente una nueva dirección, aunque queda mucho por hacer para canalizar una mayor cantidad de flujos privados hacia estos fines. La Comisión Europea estima que las necesidades de inversión para cumplir con los objetivos de la UE de reducción de las emisiones de CO2 de aquí a 2030 son de unos 180.000 millones de euros anuales. Con este objetivo, el pasado marzo presentó el «Plan de Acción para financiar el desarrollo sostenible» de forma que el sector privado canalice una mayor cantidad de inversiones para atender los problemas que como sociedad debemos afrontar a largo plazo, considerando para ello objetivos ambientales y sociales además de los de rentabilidad.
Con una clara agenda de trabajo de aquí a mitad de 2019, el pasado 24 de mayo la Comisión dio el siguiente paso concretando alguna de las propuestas, las cuales afectan a aspectos tan relevantes como la política fiduciaria de los gestores de activos, inversores institucionales, distribuidoras de seguros y asesores. Se les pedirá, de prosperar la nueva regulación, que informen a sus clientes sobre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en sus decisiones de inversión, obligando a un gran ejercicio de transparencia. Elemento este que se ve reforzado por la necesidad de incluir preguntas sobre las preferencias de sus clientes dentro de lo que comúnmente se conoce como test MiFID II.
Pero si hay una propuesta que puede generar cambios de gran escala es la definición de una taxonomía armonizada, a nivel de la Unión Europea, de lo que se ha de considerar como «actividad económica medioambientalmente sostenible». Aquellas inversiones que se encuadren en esta clasificación podrían llegar a tener incentivos concretos (el conocido como 'green factor' en el debate financiero) y formar parte de 'benchmarks' relacionados con los objetivos climáticos, desarrollar productos bajo una «etiqueta de inversión verde» con la que promocionarse y ser identificados por los inversores, e incluso definir exigencias de divulgación para las empresas sobre dichos ámbitos de actividad, acotando más el ámbito planteado por el 'Task Force on Climate related Financial Disclosure' del 'Financial Stability Board'.
En definitiva, tal y como se comentó durante el I Foro ISR 2018, la consideración de criterios ASG en las decisiones de inversión no es la nueva moda que ha llegado a los mercados. Se ha incorporado a los mismos para quedarse como un medio de control de riesgos y de enfoque estratégico de las inversiones a largo plazo.
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