«¿Cómo se daban las ayudas? No lo sabía ni me correspondía saberlo»

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009, Manuel Chaves, ha asegurado en el juicio de la pieza política del caso ERE que «no sabía» cómo se daban las ayudas sociolaborales que lo han sentado en el banquillo junto al expresidente andaluz José Antonio Griñán y a 20 ex altos cargos autonómicos más.

Chaves, que ha comenzado a declarar este lunes ante el tribunal, coincidiendo con la Feria de Abril, ha sido preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga por su conocimiento sobre las citadas ayudas. «¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía. No correspondía a mi ámbito de decisión. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba», ha insistido.

El expresidente, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación, ha afirmado que él conocía la existencia de las ayudas sociolaborales pero «las exigencias y los requisitos yo no los sabía; no era mi ámbito decisión».

El ex alto cargo se ha amparado en la confianza que tenía en sus subordinados. En este contexto, «para mí era muy difícil pensar que en la Consejería de Empleo o en la de Educación se podía establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley».

El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla enjuicia a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Es la segunda ocasión en la que el expresidente de la Junta de Andalucía será interrogado sobre su posible responsabilidad en el caso de los ERE, después de que el 14 de abril de 2015 declarara ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Chaves compareció en calidad de imputado en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas», según rezaba el auto de citación.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez Mercedes Alaya, que investigaba por entonces la matriz de esta causa, Mercedes Alaya, acusaba indiciariamente a Chaves y a los otros cuatro aforados nacionales, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, en esta causa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivotaba la instrucción en el alto tribunal.

El expresidente de la Junta, según recoge el acta de su declaración, apuntó que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que pasaron por las cortes andaluzas hicieron observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de «transferencias de financiación» que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales y por las que se allegaban fondos de la partida 31L a IFA/IDEA para el pago de las mismas.

A juicio de Chaves, según dijo, es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. El expresidente negó también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.

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