Cinco excargos del PP en Valencia, al banquillo por financiación ilegal

El juez José de la Mata ha sentado en el banquillo de los acusados a veinte personas (políticos y empresarios) por las actividades de la trama Gürtel en Valencia por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. El foco principal del caso que va a juicio se centra en la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Valencia entre 2007 y 2008.

La investigación ha desvelado, concluye el juez, que en el seno del PP valenciano existía una «forma de pago de carácter dual», abonando algunas partidas con dinero oficial y otras presuntamente «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial», que engrosarían la llamada Caja B Orange Market (la principal empresa investigada, que surtía de servicios a la formación) y «la del grupo». El delito electoral habría tenido lugar en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008.

En tales campañas, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima que permite la ley como gasto electoral. Con la intención de lograr un mayor despliegue en el proceso electoral, «los acusados integrados en el PPV contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad», asegura el magistrado.

Entre los acusados se encuentran cinco antiguos cargos del Partido Popular de Valencia, como Ricardo Costa y Vicente Rambla, y los responsables de Orange Market y las empresas de la trama Gürtel, como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, los principales cabecillas de la red corrupta que será juzgada por primera vez en octubre de 2016, respecto a sus actividades entre 1999 y 2005.

Otros acusados son empresarios que, en connivencia con Orange Market, financiaron al Partido Popular de Valencia. Estos se dedicaron a sufragar pagos adeudados por la formación política a Orange Market, a través de contratos que «presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios». Estas empresas pertenecían a grupos beneficiarios de contratos con la Administración Pública valenciana.










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