Barberá abandona el Supremo, tras declarar por el presunto blanqueo

Dos meses después de que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra Rita Barberá por un presunto blanqueo de capitales durante su época como alcaldesa de Valencia, la hoy senadora del Grupo Mixto ha comparecido este lunes ante el magistrado que instruye este procedimiento en el Alto Tribunal: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

Barberá, cuya declaración, voluntaria, comenzó con veinte minutos de retraso y ha durado casi una hora, ha acudido en calidad de investigada (antes imputada) por su presunta participación en la «operación Taula», una pieza separada del «caso Imelsa» en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular. Esta cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

En el interrogatorio, además del fiscal y el abogado defensor de Barberá, ha estado presente la representación letrada del PSOE, después de que la Sala Penal admitiera la personación como acusación popular del partido. Para ello tuvo que depositar una fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor no sin antes criticar la posibilidad de que en causas en las que está imputado un político pueda ejercer la acción popular la oposición. Solo si una vez finalizada la declaración de Barberá el instructor continuara viendo indicios de delito pediría el suplicatorio al Senado, pues es aforada nacional.

Superior jerárquica

El pasado 13 de septiembre la Sala Penal abrió esta investigación con el informe favorable de la Fiscalía, que consideró que había que investigar la posible implicación de Barberá como lo está siendo todo su equipo municipal en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En su escrito al Supremo, el titular de este juzgado, Víctor Gómez, implicaba a la senadora por ser «una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros» por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

Señalaba, además, que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de «estrecha confianza» entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias. Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.

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